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El Tribunal Supremo ha condenado este jueves a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón al considerar que prevaricó al intervenir las conversaciones entre imputados en el caso Gürtel y sus abogados, poniendo así fin a una carrera de 30 años en la que se convirtió en el estandarte de los llamados "jueces estrella".

Garzón, condenado solo 24 horas después de que quedara visto para sentencia el juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, ha rechazado "frontalmente" la sentencia en una nota en la que afirma que esta "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción" y que, "en el afán de acabar con un concreto juez", contribuye a "laminar" la independencia judicial.

Por unanimidad, los siete magistrados que formaban el tribunal han considerado que, al ordenar la grabación de las conversaciones que los presuntos cabecillas de la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

La alusión a prácticas totalitarias resultará especialmente dolorosa para alguien que, como juez, persiguió los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina y trató de investigar los del franquismo y que, según confesaba su abogado, Francisco Baena Bocanegra, ha quedado "desolado" tras el fallo.

"Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado", ha señalado el letrado, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional después de que el juez haya anunciado que ejercerá "todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable" que el Supremo le ha causado.

La reacción del abogado de Garzón contrasta con la del presunto máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, que ha considerado que la condena "coloca las cosas en su sitio".

José Antonio Choclán, ha mostrado su satisfacción "profesional, que no personal" por la sentencia, de la que ha dicho que era "necesaria" para el Estado de Derecho y para "marcar un patrón para la actuación de la Fiscalía".

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que ha asegurado a Efe que "no es nada agradable" que en un Estado democrático se condene a un juez como Garzón, pero ha subrayado que "si se restringe el derecho de defensa, enferma el Estado de Derecho".

Las críticas, en cualquier caso, han superado en mucho a los elogios, y se han dejado oír no solo en España, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, hacía a primera hora de la noche una declaración institucional en defensa de los magistrados que han condenado al juez.

En ella, Dívar califica de "grave atentado al Estado de Derecho" las descalificaciones recibidas por los miembros del tribunal, cuya imparcialidad fue puesta en duda desde el primer momento por el entorno de Garzón dada la presencia en el mismo de Luciano Varela y de Manuel Marchena, que además de haberle juzgado por las escuchas instruyen otras causas contra él.

Varela es el magistrado que ha llevado al juez al banquillo de los acusados por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, mientras que Marchena acaba de imputarle por cohecho impropio por los patrocinios de cinco empresas españolas a los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

El próximo martes, si no lo hace antes de forma extraordinaria, la Comisión Permanente del CGPJ hará efectiva la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, que perderá su condición de juez y, con ella, los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.

Acabará así una carrera que se inició en un Juzgado de Valverde del Camino (Huelva), que alcanzó su momento cumbre en la Audiencia Nacional -donde investigó los GAL, puso cerco al entorno mediático y político de ETA, suspendió la actividad de Batasuna y procesó a Bin Laden- y que acabó, sin que él lo supiera, cuando un día de febrero de 2009 firmó un auto autorizando unas escuchas en prisión.