El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una profunda reforma de la Justicia que incluye el pago de tasas para recurrir, la reforma de la ley del menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y la posible instauración de la prisión permanente revisable.

El anuncio estrella del ministro, sin embargo, ha sido la reforma de la ley del Aborto, para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores que quieran interrumpir su embarazo; mientras que los grupos de la oposición han centrado sus intervenciones en algo avanzado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: el cambio del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial.

Ruiz-Gallardón ha enmarcado la creación de una nueva tasa judicial -que supondrá que las partes paguen los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad depositada les será reintegrada si su demanda prospera- en el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad.

El ministro, que ha negado que la iniciativa suponga introducir el copago en la Justicia, recordando que ya en 2009 se aprobó el depósito previo para recursos aprobado, ha precisado que la nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal ni a "quienes carezcan de recursos para litigar" y que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Administración de Justicia.

Además, el Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos, por lo que no supondrá "merma alguna" de sus derechos.

Prisión permanente

Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Ante las críticas de la oposición, el ministro ha asegurado que esta pena es "incompatible" y "contradictoria" con la cadena perpetua y que su constitucionalidad está garantizada por su carácter revisable.

Con el objetivo de regenerar las instituciones y contribuir a despolitizar el Poder Judicial, Gallardón ha confirmado que -como proponía el PP en su programa electoral- se reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que los doce de extracción judicial serán designados directamente por sus compañeros.

Respecto a los otros ocho vocales, que según la Constitución deben ser juristas de reconocido prestigio, el ministro ha propuesto poner fin al sistema de cuotas partidistas y que las Cortes hagan una elección consensuada, deseo que ha hecho extensivo a la designación por el Congreso de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pendiente desde noviembre de 2010.

Críticas de la oposición

La modificación del sistema de elección del CGPJ ha sido rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, que consideran que permitir que los jueces elijan directamente a los miembros de su órgano de gobierno es una "involución" y un ataque a la soberanía popular.

Para el portavoz socialista, Julio Villarrubia, dicha reforma es un ataque frontal a la soberanía popular porque supone "dejar en manos de unos cuantos lo que corresponde al pueblo español", mientras que Gaspar Llamazares, en nombre de Izquierda Plural, ha tildado la medida de "involución" y Emilio Olabarria, del PNV, ha considerado que es inconstitucional.

El diputado del PSOE ha acusado al ministro de "entrar como un elefante en una cacharrería, y Llamazares ha añadido que Gallardón ha comenzado poniéndose al frente del regeneracionismo para terminar al frente de una "restauración" con medidas de "populismo penal" como la prisión permanente revisable y olvidando la corrupción.

La diputada Rosa Díez, de UPyD, ha mostrado su disposición a colaborar con el ministro para lograr la independencia judicial, mientras que desde CiU, Mercé Pigem, ha aconsejado al Gobierno que no caiga en un "afán legislativo" y ponga ya en marcha los Consejos de Justicia Autonómicos, previstos en el Estatuto de Cataluña.