El proceso de la Audiencia Nacional española por el asesinato en 1989 en El Salvador de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas, ha dado un nuevo giro con la entrega de nueve de los 20 militares salvadoreños acusados de la matanza, que desde este lunes están a disposición judicial.

El Ministerio salvadoreño de Defensa puso este lunes a disposición del Juzgado Decimosegundo de Paz de San Salvador a los nueve militares, que se entregaron el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador. Al parecer, su captura era inminente ya que pesaba sobre ellos una orden internacional de aprehensión librada por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo pasado.

El titular del juzgado salvadoreño, Carlos Calderón, visitó este mismo lunes la Brigada en la que permanecen los nueve militares para «constatar las condiciones» en las que se encuentran, y «notificarles los delitos por los cuales son requeridos» por la justicia española, ha informado en un comunicado el Poder Judicial.

El documento ha precisado que Calderón enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia para que «decida si procede o no la extradición» de los procesados, «y asigne así a un juez que materialice» su eventual entrega a España. La información judicial no precisa cuando entregará el juez Calderón el informe al máximo tribunal salvadoreño ni el plazo con el que cuentan los magistrados para decidir sobre la extradición de los militares.

Por su parte, la Casa Presidencial ha informado este lunes que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) entregó recientemente la orden de captura a la Policía Nacional Civil salvadoreña, que «se disponía» a ejecutarla cuando se entregaron los nueve militares, todos en situación de retiro.

En un comunicado, la Casa Presidencial ha precisado que los detenidos son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi. También, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. La orden internacional de captura también incluye a René Emilio Ponce, pero éste falleció el 2 de mayo pasado.

La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los 20 militares salvadoreños, ha pedido que los nueve militares «permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad».

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, ha declarado que duda que el Estado salvadoreño extradite a España a los militares acusados de la matanza, perpetrada en ese centro académico el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil que vivió este país entre 1980 y 1992.

«Alguien con su uso de razón, sabiendo que se les va extraditar a España, no se va entregar», ha argumentado Cuéllar, quien ha afirmado que, en su opinión, la entrega «voluntaria» de los nueve militares ha sido arreglada.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reafirmó este domingo que la iglesia salvadoreña ya perdonó a los militares y respeta la ley de amnistía, pero que también quiere «conocer la verdad» y «que haya justicia».

Las víctimas de la matanza fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina.