El Gobierno replica a las autonomías que pueden emitir deuda para refinanciarse

El Gobierno, ante la revuelta de las comunidades autónomas por la autorización a Cataluña para emitir deuda, afirmó que ese camino puede ser utilizado por todos los territorios. Aclaró que José Luis Rodríguez Zapatero no acordó con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una autorización para emitir más deuda sino que limitó este procedimiento a la refinanciación de los vencimientos de créditos de este año, pero en ningún caso incrementar su endeudamiento.

El Ministerio de la Presidencia emitió ayer una nota para explicar que todas las autonomías pueden hacer uso de este mecanismo, siempre que vaya destinado a refinanciar vencimientos. Cataluña, precisó el comunicado, «recibe el mismo trato que el resto de los territorios. Es decir, tiene que cumplir el objetivo de no rebasar el déficit del 1,3% del PIB y sus emisiones de deuda se limitarán a financiar números rojos. Esta regla es general para todas las regiones.

Distinto es el caso de los ayuntamientos, y en concreto el de Madrid, porque se rige por una normativa diferente. La financiación de las comunidades está regulada por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, mientras que los municipios están sujetos a la Ley de Haciendas Locales, que «impide la refinanciación de la deuda de años anteriores y solo lo autoriza para nuevas inversiones», precisa el Ministerio de la Presidencia.

El Gobierno respondía así al conato de rebelión autonómica. O todos o ninguno fue la consigna de comunidades de signo distinto como Castilla y León, Murcia, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, Aragón y Cantabria, así como el Ayuntamiento de Madrid, que exigieron un compromiso igual para todos. Desde Cataluña, el 'Govern' rechazó las críticas y negó la mayor. «Cataluña no tiene privilegios», dijo la Generalitat.

En un contexto general en el que a nadie le cuadran las cuentas y en el que la vía del endeudamiento se antoja como la solución más inmediata para salir del atolladero financiero, las comunidades autónomas, tanto las del PP como las del PSOE, levantaron la voz, sabedoras de que, si Cataluña ha recibido la autorización para emitir deuda, a partir de ahora tendrán que ir pasando una a una por la Moncloa para pedir lo mismo.

El presidente castellano manchego, el socialista José María Barreda, aseguró que no aceptará «ningún trato discriminatorio», y criticó al Gobierno por autorizar operaciones que niega su comunidad. «No puede ser que sea para unos sí y para otros no», dijo el consejero de Economía de Castilla y León, el popular Tomás Villanueva. Su homólogo valenciano, Gerardo Camps, fue un poco más allá: «Hay una doble vara de medir, una discriminación clara y un trato injusto para el resto de autonomías».

Agravios

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), pidió una reunión urgente con el presidente del Gobierno por su «empeño obsesivo» de no dar a Murcia «lo que se merece»; el jefe del Ejecutivo navarro, Miguel Sanz, de UPN, exigió a Zapatero «no generar agravios comparativos»; el presidente riojano, Pedro Sanz, del PP, reclamó que explique por qué aplica una norma de manera diferente en una u otra región; y el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, lamentó que el Parlamento se haya convertido en un «mercado persa».

La Xunta de Galicia, gobernada por el popular Alberto Núñez Feijóo, dio casi por reemplazado lo pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por «una negociación bilateral». «El Gobierno tiene que tratar a todos con equilibrio», concluyó el presidente canario, Paulino Rivero.