El PSOE e IU-ICV acordaron este mediodía en el Congreso un texto conjunto sobre la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica con el que se pretende reforzar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y garantizar a responsabilidad de los poderes públicos en las exhumaciones de fosas.

En concreto, el texto aboga por "transformar u potenciar" la Oficina de Víctimas que tiene su sede en el Ministerio de Justicia para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, "asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria".

Joan Herrera, el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) que interpeló hace dos semanas al ministro de Justicia, (debate que ha dado origen a la moción que se vota esta tarde en el Pleno del Congreso), se mostró satisfecho con el acuerdo recordando que esa oficina cuenta actualmente con "tres o cuatro personas".

También se ha incluido otro punto para "garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como a la divulgación de los resultados, a pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de las Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario".

No se toca la Ley de Memoria

Ese compromiso incluye, según el acuerdo, "impulsar las reformas normativas que sean necesarias", aunque el Gobierno no tiene en mente tocar la Ley de Memoria de 2007, como reclamaba inicialmente IU-ICV, sino sólo alguno de los reglamentos que la desarrollan, aseguraron a Europa Press fuentes oficiales.

Por último, el acuerdo confirma el compromiso de dar a conocer el mapa de fosas, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, y "conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas" de la dictadura.

Todos estos compromisos, según Herrera, conllevarían recursos "anecdóticos" y puso como ejemplo el caso de las indemnizaciones por atentados terroristas: "*Alguien se escandaliza por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo? --se preguntó--. Yo no, creo que deben existir, y también estas ayudas".

De la moción han quedado fuera del alcance dos de las peticiones iniciales de IU-ICV, como crear una Fiscalía especializada y constituir una fecha para que anualmente se celebren actos de condena del régimen franquista. En cualquier caso, Herrera cree que su formación ha logrado "una pequeña victoria": "Son mandatos del Congreso para que algunas cosas se arreglen", se felicitó.

Respeto a los tribunales

En la moción también se alude a la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado. En este sentido, se recuerda que la legislación española "obliga de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio", pero al mismo tiempo se resalta que "la aplicación e interpretación de toda esta legislación corresponde a los jueces y tribunales".

Es más, y en medio de la polémica por las críticas al Supremo por el 'caso Garzón' y al Tribunal Constitucional por la fallida sentencia del Estatut, la declaración pactada por PSOE e IU-ICV proclama su "respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos".

Aunque para el socialista José Antonio Alonso esa doble declaración no supone un apoyo expreso al juez Garzón, sino un recordatorio del ordenamiento jurídico existente, Herrera cree que esos dos puntos ponen en cuestión la "pésima interpretación" de las leyes, en concreto de la Ley de Amnistía, que ha llevado al juez al banquillo de los acusados.

"Hay miembros del Poder Judicial que intentan malinterpretar la Ley de Amnistía, que fue una reivindicación de los antifranquistas, para criminalizar a quienes intentan investigar los crímenes contra humanidad --aseveró--. Lo que toca es que el juez Garzón no sea incriminado por intentar investigar los crímenes contra el franquismo".