El Gobierno creará mapas de localicación de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo tiene "casi ultimadas" ocho normas para la aplicación y desarrollo de "aspectos importantes" de la Ley de Memoria Histórica, entre ellas, el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localicación de fosas comunes del franquismo. La mandataria socialista respondía así al líder de IU, Gaspar Llamazares, con quien el Gobierno pactó la Ley hace un año y que exigió al Ejecutivo que no se "olvide" de la norma y colabore con la investigación puesta en marcha sobre represaliados por el franquismo del juez Baltasar Garzón.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta del Gobierno anunció que hay hasta ocho normas "casi ultimadas" para la aplicación de "aspectos importantes" de la Ley de Memoria, pero no detalló cuándo se aprobarán. Sin embargo, para demostrar que el Ejecutivo no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que entre las que están casi concluidas destacan la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el franquismo.

De la Vega también habló del procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes en el franquismo, y la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia. En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.

Además, la vicepresidenta reiteró que el Gobierno "presta" y "va a prestar" su colaboración para atender las demandas que plantean las víctimas del franquismo y sus familiares. De hecho, recordó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos. También dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos del juez Garzón, desde el convencimiento de que todas las administraciones tiene "la obligación" de colaborar con las familias que "quieren cerrar sus heridas".

Una cuestión dolorosa

Tras destacar que esta es una "cuestión muy dolorosa y sensible" para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de "igual respeto", De la Vega subrayó que las víctimas tienen "derecho a reponer su memoria individual y colectiva" y ha hacerlo "con dignidad y honor". Con todos estos argumentos, la vicepresidenta daba respuesta al líder de IU, con quien el Gobierno pactó la Ley de Memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene "la obligación no sólo moral, sino también legal" de colaborar con las familias y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación y reconocimiento de los desaparecidos.

Durante su intervención, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma y expresó su temor de que el Ejecutivo "se olvide de la memoria" y no responda a la treinta de preguntas parlamentarias que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso. "Cumplan con la ley, con el Derecho internacional y la dignidad de las familias", exigió el diputado de IU, quien urgió al Ejecutivo a aprobar ya los protocolos científicos y los procedimientos de autorización para la exhumación de cadáveres, así como otros aspectos de la norma.