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VIOLENCIA DOMÉSTICA

El Gobierno busca cómo revocar la pensión de viudedad al asesino de su mujer y su hijo

La Ley Integral contra la Violencia de Género, que impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad, fue aprobada en 2004, cuatro años antes de su encarcelamiento, y ésta no tiene carácter retroactivo.

EFE. Madrid Actualizada 14/12/2011 a las 21:51
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El Gobierno en funciones, mediante el Ministerio de Economía y Hacienda, está buscando fórmulas para revocar con "carácter inmediato" la pensión de viudedad que percibe desde 1998 Nemesio Antonio Pisonero, en prisión por matar a su mujer y a su hijo en el domicilio familiar de Laguna de Duero (Valladolid).

Antes de adoptar una decisión sobre la pensión que recibe este maltratador que asciende a más de 800 euros mensuales en el último año, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe jurídico, imprescindible para tomar cualquier medida y conocer si existe alguna herramienta legal que permita retirarle esta paga.

Y es que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad, fue aprobada en 2004 y ésta no tiene carácter retroactivo.

La sentencia firme de Pisonero, que ingresó en prisión en 2008, fue dictada en 2001, tres años antes de la entrada en vigor de la Ley.

La pensión que recibe este maltratador, condenado a 26 años -con cumplimiento efectivo de 20- en una cárcel de Orense, procede precisamente del Ministerio de Economía, encargado de abonar las prestaciones a los funcionarios de la Mutualidad de Funcionarios del Estado (Muface), colectivo al que pertenece Pisonero como exprofesor.

Este caso se ha conocido después de que varios diarios del Grupo Editorial Prensa Ibérica publicaran el hecho y después de que la pasada semana saltara a la luz pública otro caso de estas características, aunque con matices distintos pues en este segundo el condenado había estado cobrando la pensión de viudedad por un error administrativo de la Seguridad Social, que ya la ha revocado.

Uno y otro han levantado el malestar de la Secretaría de Estado de Igualdad y de las asociaciones de mujeres, que han pedido la derogación inmediata de la pensión de Pisonero.

Desde la Secretaría de Estado de Igualdad, su titular en funciones, Laura Seara, se ha dirigido a los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo para que investiguen "y aclaren" si hay más casos, aparte de los dos conocidos estos últimos días.

En su opinión, desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 hasta hoy "ningún hombre que haya matado a una mujer puede cobrar una pensión de viudedad", porque, ha recalcado, "lo prohíbe expresamente. No se da de ninguna de las maneras".

A su juicio, se han conocido dos "situaciones puntuales", dos "anécdotas gravísimas, casos aislados. En uno de ellos, la Seguridad Social ya ha decidido revocar el cobro de la pensión de viudedad".

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha asegurado que a pesar de no tener carácter retroactivo en cuanto al reconocimiento del derecho, sí debe servir para la pérdida de esa prestación en cuanto se aprobó la norma.

"Vamos a ver el estudio que hace la Abogacía del Estado, que yo creo que no será contrario a que le retiren la pensión, otra cosa es que le hagan devolver lo percibido antes de la vigencia de la Ley", ha señalado Cerrillos, quien ha apuntado que estos dos casos no son los únicos que han ocurrido, pero sí los que han saltado a la luz.

En similares términos se ha pronunciado Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, quien ha dicho: "hay que reparar inmediatamente los errores sean cual sean las deficiencias del sistema".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha considerado que el caso de Pisonero "es un sinsentido, una injusticia inadmisible y un delito" ya que "cobrar por matar a otra persona sólo lo hacen los asesinos a sueldo".

Además, ha apostado por que se "investigue en serio la descoordinación que existe entre departamentos y si ha habido negligencia -ha remachado- que se depuren responsabilidades".

De "sorprendente" ha calificado Doris Benegas, una de las abogadas de la familia de las víctimas, que Pisonero esté cobrando la pensión y enterarse por la prensa de que disfruta del tercer grado, que le fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria en 2009 en contra de los informes de los responsables de prisión.

Esta letrada ha pedido la retirada de la pensión a Pisonero y más información sobre su situación penitenciaria.

Desde Andalucía, su consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha recordado que hasta la ley de 2004 nadie se escandalizaba de que el asesino de su mujer cobrara luego una pensión, y la secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, ha calificado de "afrenta" este caso.







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