El enfrentamiento en el Parlamento andaluz a cuenta de la polémica por los falsos prejubilados en los ERE pagados con dinero público subió ayer de tono con un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2006, dado a conocer por el PP, en el que se pedía informar a José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, de las supuestas irregularidades en el procedimiento de concesión de subvenciones a empresas en crisis. Los populares pidieron una vez más la dimisión del presidente andaluz por encubrir «que se robara con el dinero de los parados».

La Intervención General cuestionó ya en 2005 el procedimiento empleado desde cuatro años antes para conceder las ayudas de los expediente de regulación de empleo a través de una transferencia a una empresa pública. Las críticas se repitieron en años posteriores, como bien reconoció el Ejecutivo autonómico, aunque al no ser vinculante no se tuvo en cuenta porque el sistema permitía «agilizar» los pagos. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, volvió a reconocer ayer que conocía dichos informes, pero que no fueron transmitidos al entonces consejero y hoy presidente de la Junta porque «no procedía» al no tratarse de informes de actuación, única forma en que por ley deben ser remitidos al responsable máximo.

«La dimisión o la dimisión»

No obstante, en un informe fechado el 29 de septiembre de 2006 y dirigido a la entonces viceconsejera de Economía, la propia Carmen Martínez Aguayo, el interventor general de la Junta incluía la nota de que «fuera puesto en conocimiento y trasladado al consejero». La comunicación era el informe definitivo de cumplimiento del ejercicio 2004 de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el órgano que pagaba las ayudas a los ERE, del que se daba traslado en conformidad con la ley de Hacienda Pública sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas públicas de la comunidad.

Para el PP, que hizo público el informe minutos después de que Griñán negase en la Cámara haber tenido conocimiento del mismo, este documento acredita que el actual presidente regional conocía la falta de procedimientos administrativos al conceder las ayudas y lo «ocultó deliberadamente», por lo que «no le cabe otra salida que la dimisión o la dimisión», apuntó el secretario general Antonio Sanz. «Andalucía no se merece tener un presidente que permitió que se hiciera negocio con el dinero de los parados», apostilló.

Para Sanz, queda acreditado además que tanto Griñán como Martínez Aguayo «mintieron» en el Parlamento, ya que el presidente andaluz «conocía el fraude, lo permitió y lo tapó, y no evitó que se siguiera produciendo». Apuntó de nuevo a que la situación era conocida por el entonces jefe del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, porque «nadie puede imaginar que si el consejero de Economía conocía un fraude ocultara la información al presidente».

El PSOE andaluz aseguró que no hay «base legal ni jurídica» para implicar a Griñán y que se actuó de forma «rigurosa y reglada». En la Cámara, donde el presidente de los populares esgrimió el documento, José Antonio Griñán mantuvo que no llegó a conocer ninguno de los informes de Intervención y volvió a acusar al PP de mentir «cuando dicen que no denunciamos». Tras censurar que «la verdad política» del líder del PP, Javier Arenas, depende del color político del que se trate, trató de contraatacar sacando a relucir diversos informes del Tribunal de Cuentas de 1998 en los que se cuestionaba el procedimiento de contratación seguido por el Ministerio de Trabajo, cuyo titular era entonces el propio Arenas.