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ERROR ADMINISTRATIVO

El asesino que cobraba pensión de viudedad debe más de 100.000 euros a la familia

Carles Monguilod, abogado de la familia de la fallecida ha explicado que en estos seis años, el asesino ha cobrado más de 40.000 euros que ahora la Seguridad Social puede "y debe" reclamar a Morell.

EFE. MADRID Actualizada 09/12/2011 a las 18:49
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El hombre que cobraba una pensión de viudedad pese a haber matado a su mujer debe a la familia de la fallecida más de 100.000 euros de indemnización.

Llorenç Morell fue condenado en 2005 a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Sils (Girona) y el mismo tribunal le impuso una indemnización de más de 100.000 euros para resarcir a la familia de la fallecida (su madre, dos hermanos, y el hijo que tenía en común con su asesino).

Pese a que la Ley Integral contra la Violencia de Género impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad, un "error administrativo" de la Seguridad Social permitió que Morell haya estado cobrando 592,92 euros mensuales desde julio de 2005 hasta hoy, cuando el organismo público ha revocado esta paga "de forma inmediata".

El error no se descubrió hasta que tuvo que realizarse la audiencia prevista para calcular el valor de los bienes con los que el condenado debería haber hecho frente a la indemnización, y fue en dicho acto donde la Seguridad Social reveló que este organismo estaba pagando una pensión de viudedad al condenado.

Más de 40.000 euros de pensión en seis años

Carles Monguilod, abogado de la familia de la fallecida ha explicado que en estos seis años, el asesino ha cobrado más de 40.000 euros que ahora la Seguridad Social puede "y debe" reclamar a Morell.

Aunque no es probable que se le impute un nuevo cargo por estafa, lo cierto es que Morell podría haberse beneficiado de ese dinero si lo hubiera utilizado para ir pagando la indemnización que debe a la familia de su mujer, explica Monguilod.

"Este hecho no agravará la condena pero el hecho de no indemnizar a las víctimas será un impedimento serio para obtener beneficios penitenciarios, como salidas programadas" porque, antes de conceder un permiso de salida a un recluso, los jueces de vigilancia penitenciaria "miran si se ha pagado la indemnización a las víctimas", lo que se considera un gesto de "reparar el daño".

Según Monguilod, la familia está "desconcertada, por decirlo de una manera suave", pero "aunque en un primer momento quedaron devastados, ahora están más tranquilos porque han visto que se ha puesto coto a la situación".







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