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Juicio a Txapote

Dos etarras niegan haber atentado contra un edil del PSE y Txapote no declara

El exjefe del aparato militar de ETA no ha querido declarar ante la sala que preside la juez Ángela Murillo, ya que, según ha señalado no reconoce la "licitud" del tribunal.

Efe. Madrid Actualizada 13/02/2012 a las 19:10
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os presuntos miembros del 'comando Bolueta' y el exjefe del aparato militar TxapoteEFE

Dos de los etarras que han declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el intento de asesinato del concejal del PSE Martín Martínez en 2001 han negado su participación en los hechos enjuiciados, mientras que Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', se ha negado a declarar.

Durante la vista oral que se celebra ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dos presuntos miembros del 'comando Bolueta', Ángel López Anta y Xabier Zabalo Beitia, no han reconocido su participación en el atentado y han alegado que sufrieron torturas en el momento de su declaración policial.

Además, a preguntas de una de las defensas, Zabalo ha asegurado que las huellas que se encontraron en el interior del vehículo, en un periódico del Correo de Guipúzcoa -y que los peritos identifican como suyas- estaban allí porque "él trabajaba en eso, era su quehacer" dentro del comando.

Por su parte,el exjefe del aparato militar de ETA no ha querido declarar ante la sala que preside la juez Ángela Murillo, ya que, según ha señalado no reconoce la "licitud" del tribunal.

Minutos después de que declarasen López Anta y Zabalo Beitia, Murillo ha pedido al personal de la sala que separase a Txapote del resto de sus compañeros, ante lo que el etarra ha protestado.

Por su parte, el fiscal Vicente González Mota, ha elevado a definitiva la petición de pena de 32 años de cárcel para Txapote y 28 para Anta y Zabalo por delitos de pertenencia a banda armada, asesinato terrorista en grado de conspiración y estragos.

Según el Ministerio Público, los tres acusados, junto a Óscar Calabozo Casado formaban el citado comando, del que Txapote era el máximo responsable y se encargaba de recabar información sobre posibles objetivos.

Así, el fiscal sostiene que García Gaztelu suministró a Calabozo un Renault 19 Chamade, al que le sustituyeron las placas de matrícula por otras falsas, para después insertarle un artefacto explosivo compuesto por 60 kilos de explosivo industrial a base de nitrato amónico.

A pesar de que el artefacto estaba preparado, Zabalo, Anta y Calabozo, no pudieron llevar a cabo su "letal propósito" porque "no volvieron a localizar" al edil socialista Martín Martínez.

Por ello, "decidieron utilizar el coche-bomba" contra la compañía "Seguros Bilbao", situada en el Paseo del Puerto de Getxo (Bizkaia), pero desistieron al no encontrar aparcamiento.

En la vista ha testificado Calabozo Casado, que ha reconocido ser miembro de ETA y estar "orgulloso" de ello, sin embargo, ha asegurado que no recordaba bien los hechos y que sufrió torturas en su declaración policial.

En la misma línea ha ido la declaración de Unai Bilbao, condenado en 2002 por el asesinato del concejal del PSOE Juan Priede Pérez, que ha señalado que fue obligado a declarar que pertenecía al comando "Bolueta".

Entre las pruebas periciales presentadas ante la sala destaca una agenda incautada a Txapote en Francia en el momento de su detención y que daba cuenta de los encuentros entre éste y el comando 'Bolueta' la semana antes a la comisión del atentado.

En su informe final, la defensa de Zabalo y Txapote, que ejerce la letrada Ainhoa Baglietto, ha solicitado la absolución de sus defendidos, y ha pedido la nulidad de las actuaciones.

La abogada ha invocado la excepción de cosa juzgada puesto que por esos hechos sus clientes ya han sido condenados en Francia, aunque la Fiscalía sostiene que "las leyes francesas no tienen el mismo reproche penal que las leyes españolas ante la pertenencia a ETA".

El abogado de Anta también reclama la nulidad de las actuaciones ya que no se les permitió presentar el escrito de calificación provisional, por lo que, en su opinión, existe una "vulneración del derecho de la defensa".







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