Los etarras Asier Arzalluz e Idoia Mendizabal han tenido que ser levantados por la fuerza por dos agentes de la Policía Nacional, tras negarse a ponerse en pie ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga hoy por intentar asesinar en 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco.

Por estos hechos también está procesado el ex dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", encarcelado en Francia y que será juzgado cuando las autoridades galas accedan a su extradición por esta causa, por la que solicitará para él la misma pena que para los dos acusados que hoy se han sentado en el banquillo: 19 años, once meses y 29 días de cárcel.

En la vista celebrada este viernes, el presidente de la sala tercera de la sala de lo penal de la Audiencia, Alfonso Guevara, ha ordenado a los 2 agentes que custodiaban a Arzalluz y a Mendizabal en el interior de la "pecera" blindada a alzar a los 2 procesados cuando éstos han desobedecido su orden de ponerse en pie y han optado por permanecer sentados.

Arzalluz ha protagonizado el primer forcejeo cuando ha sido obligado a asistir a la lectura de sus derechos pegado al cristal del habitáculo mientras era sostenido por los agentes.

Posteriormente ha sido Mendizábal la que ha tenido que ser mantenida en pie por la fuerza por los policías mientras aseguraba en euskera no reconocer la legitimidad del tribunal "para juzgar a militantes vascos", por lo que, al igual que su compañero, se ha negado a declarar.

Los 2 terroristas están acusados de enviar un paquete-bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en Vizcaya, María Luisa Guerrero, a su domicilio, que fue desactivado por personal especializado.

En la vista, la propia periodista ha relatado a través de una videoconferencia que el 17 de febrero de 2002 la telefoneó su madre, que se encontraba en su casa junto a la sobrina de Guerrero, de 3 años, para avisarla de que había recibido un paquete. Según ha explicado, la niña "cogió corriendo" el paquete "muy contenta" porque se trataba de "un regalito" para su tía.

Pero a Guerrero, ha proseguido, se le "encendieron todas las alarmas" porque, como amenazada por ETA, nunca recibía correspondencia en su domicilio particular.

Cuando se disponía a alertar a la Ertzaintza, recibió una llamada de la Policía Autónoma Vasca para avisarla de que habían sido interceptados tres paquetes de la misma empresa de mensajería -uno de ellos dirigido al vicepresidente del Grupo Correo Enrique Ybarra, por el que los 2 etarras ya han sido condenados a 15 años de prisión-.

Al llegar a su casa, que había sido desalojada junto al resto del edificio, encontró a un grupo de artificieros desactivando el explosivo.

Guerrero ha asegurado que estos hechos provocaron en su madre un trastorno depresivo que se prolongó hasta su muerte, y también en su hermana por el hecho de llegar a pensar que su hija "podía haber saltado por los aires".

El fiscal Marcelo de Azcárraga ha solicitado que, además de la pena de cárcel, el tribunal condene a los dos presuntos miembros del "comando K-Olaia" a indemnizar a Guerrero con 100.000 euros y con 50.000 euros a su hermana y a los herederos de la madre por un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.