Cataluña subirá el canon del agua un 3% para el consumo básico

Cataluña subirá el canon del agua un 3 por ciento sobre el consumo básico y un 12 para el consumo excesivo, según el acuerdo presupuestario alcanzado entre CiU y PP la madrugada de este martes y que se plasmará en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2012.

Los aspectos relacionados con el canon del agua han protagonizado parte de las largas negociaciones mantenidas entre nacionalistas y populares, y que, durante la semana pasada, requirieron la presencia del director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Leonard Carcolé.

De esta forma, se incrementa en dos puntos la subida prevista en el proyecto del Gobierno de CiU, que preveía que el incremento del canon para el uso más elevado de agua fuese del 10 por ciento, mientras que el aumento se mantienen en el 3 para el consumo básico.

En los presupuestos de 2011, nacionalistas y populares ya acordaron 'in extremis' un aumento del 8,5 por ciento del canon de agua, del que quedarán exentas las familias con rentas bajas y pensionistas, a quienes se congela la tarifa, unas exenciones que se consolidan en 2012.

Sin embargo, en rueda de prensa, la presidenta del PP catalán ha reivindicado que las diferentes enmiendas presentadas por los populares suponen una reducción del 25 por ciento del impacto del canon del agua respecto a las previsiones iniciales del Gobierno catalán.

Así, se ha acordado una reducción del gravamen sobre las empresas suministradoras que contemplaba la Ley de Acompañamiento prevista por el Ejecutivo catalán, rebajando los tipos impositivos sobre la captación y las fugas.

En concreto, el pacto reduce del 0,1 al 0,07 por ciento la tasa sobre la captación de agua, y de un 0,25 al 0,2 del gravamen sobre el diferencial del agua que se capta y el que finalmente se traslada al consumidor, lo que, según ha cifrado Sánchez-Camacho, supone un descenso de la recaudación de 3,3 millones de euros.

Prórroga a los ayuntamientos

Además, CiU y PP han acordado que la tasa que debían pagar los ayuntamientos catalanes por la prestación gratuita de agua potable distribuida en fuentes públicas no entre en vigor hasta dentro de seis meses, lo que según Camacho supone reducir la recaudación prevista por el Gobierno de Artur Mas en 1,2 millones de euros.

Esta enmienda persigue que los ayuntamientos --ahogados económicamente-- dispongan de un período de tiempo razonable para estudiar como minimizar el impacto de esta tasa creando, por ejemplo, mecanismos para que el agua de las fuentes ornamentales o la utilizada para el regadío provenga de aguas freáticas.

Por último, nacionalistas y populares han aprobado que las empresas no carguen sobre sus espaldas con los impagos de los consumidores sino que se descontará de su deuda con la ACA, siendo la agencia quien asuma ese impago.

Todos estos acuerdos deberán reflejarse en la Ley de acompañamiento que debía votarse este miércoles en el Parlament pero que ha quedado aplazada 'sine die' después de que ICV-EUiA, C's y SI hayan decidido llevar el dictamen de la norma al Consell de Garantías Estatutarias.