Cataluña pretende congelar las oposiciones en 2012

El Gobierno liderado por Artur Mas se ha propuesto hacer de Cataluña una de las comunidades más cumplidoras con el objetivo de déficit y, para ello, ha optado por la senda de los recortes. En la mañana del miércoles, su gabinete presentó un nuevo paquete de medidas para el próximo año, entre las que se incluyen la reducción de interinos y la congelación de oposiciones. Los ajustes afectarán también a algunos derechos sociales, como las pensiones, el permiso de paternidad o los días de asuntos propios.

En total, 11 medidas estructurales y ocho temporales destinadas a asegurar la sostenibilidad de la administración pública. Todas ellas fueron presentadas a los sindicatos CC.OO, UGT y AIC en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, una negociación que se prolongará durante el resto de esta semana y, muy probablemente, durante los días laborales de la próxima.

Fue la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, la encargada de presentar un paquete de medidas con el que, de entrada, no esperaba un buen recibimiento. En él se incluían un conjunto de ajustes que, de ponerse en marcha, afectarán a asuntos muy delicados, como las pensiones o los salarios.

En concreto, la propuesta del Gobierno es revisar las plantillas ocupadas por personal interino y no aprobar nuevas ofertas de empleo público durante el año 2012. Las que habiendo sido aprobadas no se hayan convocado, serán suspendidas.

Asimismo, se prevé suprimir las mejoras por incapacidad temporal, las vacaciones adicionales por antigüedad y las subvenciones sindicales que estén "por encima de lo previsto en la normativa". El recorte afectará, además, al permiso de paternidad, al modificar la retribución durante el primer año de reducción de jornada; y a las ayudas al comedor, que serán revisadas.

La tijera también tocará, de manera temporal, otros ámbitos, como los importes en concepto de dirección por objetivos del personal del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la financiación de la televisión pública catalana, TV3. En este sentido, Ortega ha prometido que los valores de "pluralidad, calidad, liderazgo y servicio público" no se verán mermados.

"La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) no puede, y estoy segura de que tampoco quiere, quedarse al margen de la complicada situación", decía en la sesión de control al Govern.

Las dos últimas medidas estructurales contemplan regular el complemento por número de asegurados del personal de contingente y zona del ICS y deducir las retribuciones por ausencias injustificadas al trabajo, algo que, según los sindicatos, "se ha hecho toda la vida".

Un retroceso de "30 años"

Con todas estas medidas, la Generalitat amplía la lista de ajustes anunciados desde que Artur Mas llegó al poder. El último llegó la semana pasada y anticipaba, entre otros ajustes, un segundo recorte salarial para los funcionarios, el incremento de las tasas universitarias y la creación de una especie de copago sanitario. En esta ocasión, los sindicatos se quejaron de que Artur Mas no les había informado previamente de sus intenciones.

El consejero de Salud, Boi Ruiz, añadía un poco más de tensión este martes, al insinuar la puesta en marcha de un nuevo sistema sanitario en el que las rentas más altas contrataran obligatoriamente un seguro privado. "Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta", declaraba.

Sus palabras se difundieron rápidamente, causando un gran revuelo. La ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín, le recordó que ese tipo de medidas son "competencias del Gobierno" y que ponen en peligro el sistema sanitario "tal y como lo conocemos hoy", y lanzó un llamamiento al futuro Presidente Mariano Rajoy para que pusiese freno a "las intenciones" de la Generalitat.

Mientras, los representantes de otras comunidades también comentaban las declaraciones de Boi y se desmarcaban de su iniciativa. En Euskadi, región en la que también se han anunciado recortes recientemente, el Gobierno descartaba la posibilidad de adoptar medidas similares.

Finalmente, el Ejecutivo de Artur Mas se vio obligado a emitir un comunicado matizando las palabras del consejero y aclarando que "en ningún caso" se estaba planteando adoptar tal modelo de financiación.

Con este panorama, era de esperar que los sindicatos no recibieran el nuevo paquete de medidas con los brazos abiertos. El responsable del sector Generalitat de UGT, Xavier Casas, decía al salir de la reunión que el Gobierno "ha hecho una declaración de guerra, poniendo a prueba la capacidad de paciencia de los trabajadores públicos catalanes".

El sentimiento más generalizado entre los representantes sindicales era la indignación, pero también el desconcierto, ya que, según explicaron, Ortega enumeró las medidas sin ofrecer ninguna detalles: ni a cuántas personas afectarán, ni qué ahorro se pretende conseguir.

"Estamos dispuestos a hablar, pero no con lo que se nos ha puesto sobre la mesa. Ha sido un teatro", zanjaba la coordinadora del rea Pública de CC.OO de Cataluña, Josefina Pujol. En su opinión, las medidas anunciadas por Ortega suponen "ir 30 años atrás".

Su compañera Montse Ros, representante de Enseñanza, criticaba la fuerte incidencia de los recortes en los empleados públicos. Desde 2007, asegura, los funcionarios catalanes han perdido un 20% de su poder adquisitivo y, con las nuevas medidas, la reducción podría alcanzar un 50% respecto hace cuatro años.

Pese a este clima de confrontación, Joana Ortega ha valorado positivamente el encuentro y se ha mostrado convencida de que la negociación llegará a buen puerto. Para ello, la vicepresidenta del Gobierno ha invitado a los sindicatos a que pongan sus propuestas encima de la mesa y a que faciliten el consenso, ya que ambas partes están trabajando por conseguir un mismo objetivo: mantener "el máximo" de puestos de trabajo en la administración.

"Tenemos días por delante para seguir trabajando. El Gobierno está en la mesa de negociación y no se levanta nunca de una mesa", ha asegurado.

En busca de apoyos

Los recortes aplicados por la Generalitat han protagonizado gran parte de la sesión de control, en la que ha habido reproches pero también muestras de apoyo a Artur Mas.

El respaldo venía de la mano del Partido Popular, cuya representante, Alicia Sánchez Camacho, se ha ofrecido como socia estable del Govern en el Parlamento. En su intervención, Camacho ha prometido que el PP será "receptivo" con el nuevo paquete de recortes, pero ha exigido "más sacrificios" al Ejecutivo catalán y un mayor recorte en la CCMA.

Asimismo, ha pedido a Mas que, además de esas medidas de austeridad, apruebe un programa de impulso a la economía productiva y deje a un lado las consultas populares, ya que con esa estrategia "no se genera estabilidad". "Debe elegir a los compañeros de viaje, y nosotros le garantizamos estabilidad y progreso, y otros le ofrecen ir por la cola", aseguraba.

Mientras, Artur Mas sopesaba el ofrecimiento y lo supeditaba a que Mariano Rajoy, como futuro presidente del Gobierno, tome "decisiones que favorezcan a Cataluña".

"Ustedes tendrán ahora una magnífica oportunidad" para demostrar que el PP atiende a los intereses de Cataluña e impulsa la recuperación económica, decía en respuesta a Camacho.