Aprobado el texto refundido de la Ley del Suelo para "evitar y detectar rápidamente" el fraude

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto refundido de la Ley del Suelo, poniendo en marcha un código básico único para las nuevas políticas de ordenación del territorio. Con ello se pretende frenar el mercado especulativo y "evitar y detectar rápidamente" la corrupción urbanística, precisó la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

La Ley del Suelo establece una "prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", destacó igualmente Corredor. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de una reducción de las cargas administrativas a las empresas, que llegará a ser del 30 por ciento al final de la Legislatura.

Con la puesta en marcha del texto refundido de la Ley del Suelo, no sólo se cumple el plazo máximo de aprobación que había sido establecido para el 1 de julio, sino que además pierden vigor todos los códigos normativos dispersos que aún estaban vigentes desde la ley de 1992, derogada por la actual. Con esta aprobación, el Gobierno establece un nuevo filtro par hacer frente a todas aquellas posibles acciones contrarias a la legislación, convirtiendo el código unificado de la Ley del Suelo en toda una revolución con respecto a otras leyes anteriores en esta materia, según fuentes oficiales.

En alusión al caso de corrupción de Estepona, la ministra de Vivienda explicó que aunque el ayuntamiento malagueño no disponía de un registro de declaración de bienes de sus ediles, a partir de la aprobación de esta Ley, aquellos concejos que no lo tengan estarán "incumpliendo" la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.

Beatriz Corredor aprovechó su intervención ante los medios para subrayar que la lucha del Gobierno socialista contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no una novedad".

Reducción de cargas administrativas

Además, el Consejo de Ministros dió luz verde a la puesta en marcha de una reducción progresiva del 30% de las cargas administrativas de las empresas derivadas de la normativa vigente. Igualmente, se frenarán nuevas cargas con la entrada en vigor de la normativa del próximo 1 de enero.

Esta medida ha sido aprobada con el fin de contribuir al incremento de la competitividad y productividad de las empresas españolas en el marco español y de la Unión Europea. De esta manera, la reducción de cargas administrativas convivirá con otras iniciativas que se están desarrollando desde el Ejecutivo para facilitar la relación de empresas y ciudadanos con las instituciones administrativas.

Este Plan pretende eliminar costes de las gestiones administrativas de las pequeñas y grandes empresas. Desde el Gobierno se asegura que este es el primer paso para eliminar las cargas redundantes o desfasadas, y revisarlas de aquí a 2012. Año en que el Gobierno socialista pretende alcanzar el 30% que ha anunciado. No obstante, las primeras reducciones se aplicarán a partir del 1 de enero de 2009 sobre las empresas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este plan "no es incompatible" con otras medidas sociales, que el Gobierno pretende aprobar durante la presente Legislatura.

El Plan también establece cauces para la participación de los ciudadanos y los empresarios en su desarrollo. Para ello, desde el apartado de Reducción de Cargas Administrativas de la página web se incluyen dos formularios para presentar ideas al Gobierno, incentivando con ello la participación de los ciudadanos.