Terquedad independentista
Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y ERC han llegado a un acuerdo para apoyar la propuesta de que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat. Mantienen así su desafío al Estado, que ya ha dejado claro que no es posible el nombramiento ni de forma telemática ni por delegación.
Los independentistas catalanes siguen adelante con su estrategia de desacato a la ley, a pesar del profundo daño que han provocado con su actitud tanto a la convivencia como a la economía de su Comunidad. Los propios letrados del Parlament se han pronunciado ya en contra de una investidura a distancia de Puigdemont, dado que consideran "imprescindible" que el candidato a la presidencia de la Generalitat esté presente en el hemiciclo. Sin embargo, los dos grandes partidos secesionistas siguen adelante con su quimérica y absurda idea de que el político que huyó vergonzantemente a Bruselas, y que es reclamado por la Justicia por delitos muy graves, sea investido. Demuestran así que no han comprendido que en una democracia no se puede hacer política al margen de la ley. Es indispensable que los pasos que se den para formar hoy la Mesa del Parlament, para acometer la investidura y para formar gobierno se den siempre sin abandonar la senda de la legalidad. Cualquier argucia que violente el imperio de la ley está condenada al fracaso. Además, seguirá dañando el prestigio, ya muy castigado, de unas instituciones que deben representar con dignidad al conjunto de los catalanes. La prioridad es ahora la formación de un gobierno autonómico sólido, legalista, serio y honesto, que trabaje para recuperar la convivencia, tan dañada por el fiasco soberanista.
