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opinión

El PSOE y las pensiones (o el dedo y la luna)

El cómo se logren los recursos públicos para pagar las pensiones no es lo relevante; sí lo es permanecer pasivos cuando la Seguridad Social está a punto de hundirse.

Antonio Papell 12/01/2018 a las 05:00

El PSOE, que pese a la irrupción de los nuevos partidos se mantiene como referente en ascenso del centro-izquierda, tras haber desmontado el riesgo de verse desbordado por el populismo emergente, ha salido a la palestra a opinar sobre la situación del sistema de pensiones, que se encuentra en una situación muy alarmante en dos sentidos diferentes: porque ha perdido la sostenibilidad y porque se ha adoptado el inaceptable criterio de recortar anualmente el poder adquisitivo de los pensionistas en tanto no se recupere el superávit, circunstancia que parece hoy por hoy remotísima. Antes de la toma de posición socialista, medios sindicales habían criticado con dureza la práctica congelación de las pensiones, que dura un lustro y que, si no se corrige el rumbo, será desastrosa; pero no ha existido un clamor social, quizá porque no se ha percibido aún el riesgo.

El documento emitido por Ferraz realiza una propuesta basada en cuatro acciones: a) Garantizar el nivel de pensiones actual en términos de su revalorización anual con el índice de inflación; se trata, por principio, de no reducir el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, con quienes el Estado estableció un contrato moral que debe cumplirse; b) Racionalizar los gastos para que las cotizaciones sociales no soporten el coste de otras políticas ajenas al propio sistema de la Seguridad Social (se refiere a las políticas de incentivos laborales, que estimulan el empleo pero reducen los ingresos del sistema); c) Ampliar sus ingresos con el recurso a una batería de medidas de expansión presupuestaria, destinadas anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema; y d) Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Estos criterios parecen inobjetables, y tenemos que aceptarlos, al menos en su enunciado genérico, quienes pensamos que no es razonable ni admisible reducir el nivel de las actuales pensiones ni prever recortes en las pensiones futuras con respecto a las actuales, para lo cual, si no es posible lograr la sostenibilidad mediante los ingresos propios, habrá que recurrir a los Presupuestos Generales del Estado. Podría, pues, decirse que el documento, en lo mencionado, puede servir de punto de partida de las sensibilidades del centro-izquierda, en el seno del Pacto de Toledo, ya que el PP, como es conocido, produjo la última reforma a cuyo amparo se devalúan las actuales pensiones y se mermarán las futuras por efecto de un factor de sostenibilidad de significado puramente financiero, en este caso, incompatible con el sentido social de la medida.

También el PSOE ha propuesto, como sistema para obtener recursos, la creación de una "cesta de nuevos impuestos" que cubriría una parte del déficit: un impuesto extraordinario sobre la banca y un impuesto sobre transacciones financieras. Esta última sugerencia, ha generado una gran tormenta, e incluso periódicos pretendidamente progresistas han criticado con estrépito unas medidas tan "demagógicas" y "populistas". Cuando en Francia existe un impuesto directo y finalista (‘contribution sociale généralisée’), para sostener la seguridad social que soportan las personas residentes (no solo trabajadores y empresarios) y que grava todo tipo de rentas: las del trabajo, pero también las del capital, las de actividades económicas y las patrimoniales. O cuando en Alemania o Suecia, la aportación del Estado al sistema de pensiones representa más del 3% del PIB, mientras que en España no llega al 1%.

La demagogia es, sin duda, de quien, cuando alguien señala la luna, se queda mirando el dedo. O, en este caso, de quien, para dañar a un líder incómodo, se cisca en el infortunio de quienes, como los pensionistas, no pueden apenas defenderse. El cómo se logren los recursos públicos para pagar las pensiones no es, de cualquier modo, lo relevante. Y sí lo es el hecho de que no se puede permanecer pasivo cuando ese gran patrimonio colectivo que es el sistema de la Seguridad Social hace agua y está a punto de hundirse definitivamente.





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