El líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestado este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que por la vías utilizadas hasta ahora no se va a lograr la independencia y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España, según han señalado fuentes presentes en la declaración.

Cuixart ha declarado durante hora y media de este jueves por su implicación en presuntos delitos relacionados con el 'procés' que derivó en la declaración unilateral de independencia (DIU) de Cataluña y, al igual que hiciera un poco antes el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por Junts per Cataluña Jordi Sánchez, ha renunciado a la vía unilateral para a consecución de la independencia

Al contrario que éste, que obtuvo escaño como número 2 de la lista encabezada por Carles Puigdemont, Cuixart ha indicado que él no quiere participar en política y ha recordado sus "profundas convicciones pacifistas".

Tras su declaración ha comenzado la del exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, el último de los tres investigados en prisión citados para hoy por el instructor de la causa.

Cuixart ha respondido a todas las preguntas que le han realizado los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno y también a las defensas, si bien ha renunciado contestar a la acusación popular ejercida en representación del partido político Vox.

La declaración de independencia fue "simbólica"

Según las mismas fuentes, Cuixart ha sido aún más contundente que Sánchez en sus manifestaciones y ha llegado a decir que la declaración de independencia del pasado 27 de octubre fue "simbólica".

Además, ha manifestado que siempre ha estado en contra de la violencia, que no es político ni quiere participar en política y que actúa desde sus profundas convicciones pacifistas. Sobre las movilizaciones de la organización que preside, Cuixart ha dicho que nunca han buscado coaccionar al Estado, o vulnerar la ley sino hacer pública la opinión de la gente.

Por ello, ante el magistrado que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos cometidos por los impulsores del 'procés', el líder de Ómnium ha reconocido que por las vías utilizadas hasta ahora no se va a conseguir la independencia y se debe actuar de acuerdo a la Ley y la Constitución.

Por otro lado, Cuixart ha manifestado que todas las organizaciones de Cataluña incluyendo los sindicatos CC.OO, UGT y partidos políticos que no apoyan la independencia, incluso organizaciones sociales, siempre han pensado que impedir dejar a la gente que se votará era un ataque a la democracia.

Otras fuentes presentes en la declaración de Cuixart han manifestado que preguntado por los hechos ocurridos en torno a la Consejería de Economía de la Generalitat los pasados 20 y 21 de septiembre Cuixart habría reconocido que pasó "menos de lo que podía haber ocurrido" pero nadie les alertó de que estuvieran cometiendo ilegalidades. Ha dicho también que desde su organización pidieron a la gente que acudiera a votar al referéndum del 1-O.

Por su parte, Jordi Sánchez ha reconocido ante Llarena que el referéndum del 1 octubre "no tuvo efectos legales" y ha renunciado expresamente a la unilateralidad llegando a afirmar que renunciaría a su escaño si se opta por esta vía en el camino hacia la independencia. También ha afirmado que desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta con ANC, Omnium, ERC y Convergencia Democrática de Cataluña.

Tanto los líderes sociales como el exconsejero se encuentran en prisión preventiva y pidieron expresamente declarar ante el magistrado ya que en anteriores comparecencias judiciales o bien se han negado a contestar o lo han hecho únicamente para expresar sus intenciones futuras de cara a conjurar su permanencia en prisión.

La clave del 20 de septiembre

En el auto del pasado 4 de diciembre por el se acordó mantener a estos investigados en prisión, el juez LLarena hacía mención a los actos cometidos el pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña.

Señalaba expresamente que sus aportaciones estaban "directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella".

"El riesgo de reiteración de sus conductas --añadía el magistrado-- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", exponía el auto.