Caben muchas especulaciones sobre el efecto que tendría la puesta en libertad de Junqueras sobre la situación política catalana, pero no hay que perder de vista el criterio, expresado por la Fiscalía, de que la aspiración del acusado a la presidencia de la Generalitat, tras las elecciones del 21 de diciembre, no tiene por qué afectar a las decisiones de la Justicia, que deben tomarse siempre en función del derecho y de los criterios jurisprudenciales. Por lo demás, el propio fiscal señaló que, aun manteniendo la prisión provisional, cabe que Junqueras solicite y obtenga permisos concretos para acudir al ‘Parlament’, de manera que se preserve su derecho a la representación política. Y en cualquier caso, lo cierto es que el exvicepresidente catalán no dio, en su declaración de ayer en el Tribunal Supremo, argumentos que permitan prever un cambio de actitud por su parte respeto al acatamiento de la Constitución y del ordenamiento legal. De todas formas, la única salida constructiva a la crisis catalana pasa por que los partidos nacionalistas den por cerrada la desviada etapa del ‘procés’, dejen de pretender desafiar al Estado y asuman que es necesario un gobierno autonómico con prioridades nuevas y que sepa representar a la mayoría de los ciudadanos catalanes, sean o no partidarios de la independencia.