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Perspectivas 2018

¿Quo vadis, política?

La cuestión catalana puede generar la parálisis de inversiones en todo el país.

Manuel Teruel 02/01/2018 a las 05:00

Como empresarios, nuestra actividad necesariamente está sujeta a las decisiones políticas. Las instituciones locales, autonómicas, estatales y europeas deben entender que cualquier tipo de normativa que aprueben o resolución política que implementen tiene consecuencias inmediatas para la competitividad de la economía y, por ende, para el futuro de las empresas. En ocasiones, el entorno político incluso presume del número de leyes que tramita, mientras que los empresarios pensamos en el sobrecoste que la superposición de leyes supone para nuestra actividad. Pero si, además, lo que se ventila en la arena legislativa son los fundamentos mismos de la convivencia democrática, la situación no puede ser peor para el normal funcionamiento de la economía.

Estos meses hemos presenciado cómo Cataluña ha alcanzado niveles de tensión política no vistos en democracia, se han producido flagrantes vulneraciones de la ley, a la par que hemos contemplado atónitos alguna respuesta popular ante determinadas acciones políticas de dudosa calidad democrática. Las consecuencias para la economía han sido inmediatas, empezando por la salida masiva, hasta ahora, de más de 3.000 empresas hacia otros puntos de España, la pérdida de millones de horas de trabajo y la ralentización del crecimiento económico, con impacto especialmente negativo en términos de empleo. El sector turístico y la marca Barcelona se llevan, de momento, la peor parte.

De todos los efectos anteriores, sin duda el que de forma más preocupante puede afectar al bienestar a medio y largo plazo de los españoles es la fuga de empresas. Si, hasta ahora, en la mayoría de los casos únicamente se ha producido un cambio de la sede social a otra comunidad –en algunos de ellos, también de la fiscal–, lo cierto es que si esta situación de inestabilidad política y económica se prolonga, continuará el éxodo de empresas y, además, habrá movimientos de centros de producción. Un indicador adelantado de este negro futurible es la caída vertiginosa de la inversión exterior en Cataluña. A tenor de los resultados del 21-D, surgen más interrogantes que certidumbres.

La naturaleza de la actividad empresarial se sustenta sobre la capacidad para asumir riesgos, pero los empresarios no estamos preparados para sostener un crecimiento económico en entornos de altos niveles de incertidumbre, como el que se aventura en Cataluña. Si la formación de un nuevo gobierno comprometido con el imperio de la ley no se materializa en esa comunidad en un plazo relativamente corto, parte importante de la actividad económica catalana simplemente se desplazará hacia otros lugares. Dadas las interrelaciones entre esta región y el resto de España, la cuestión catalana puede derivar en la paralización de inversiones en todo el país.

Así las cosas, aquí viene la pregunta: ¿hacia dónde se desplazará la actividad económica? ¿Hacia dónde se canalizarán las inversiones? Como empresario, la respuesta es inmediata: hacia los espacios que resulten más estables y competitivos. En esta lista de posibles candidatos no solo compiten otras regiones españolas y el conjunto de Estados de la Unión Europea, sino también, no lo olvidemos, los países emergentes, cuyas ventajas competitivas no son nada desdeñables. Año tras año estos países están mejorando con una velocidad de crucero sus indicadores de capital humano, infraestructuras…

Desde el punto de vista de Aragón, nuestros lazos históricos, personales y culturales con Cataluña han devenido en una integración total entre las dos economías. Lo que ocurra en la región vecina nos afectará, y mucho. Para reforzar nuestra posición competitiva, Aragón debe poner en valor su compromiso con España y la UE, nuestros proyectos comunes, y atraer las inversiones públicas que precisamos con urgencia. Los gobiernos, por su parte, deben mantener su compromiso con las empresas. Es necesaria una reforma de la ley de financiación autonómica que consiga armonizar los impuestos de todas las comunidades, de modo que las cartas se repartan de una manera más justa. De esta forma los empresarios podemos competir con mejores ideas, con mejor posicionamiento geoestratégico, pero nada podemos hacer contra algo que se aprueba por decreto. A los dirigentes políticos solo les pediría un poco de ‘seny’, ¡por decreto!





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