Este año que termina ha sido social y políticamente convulso y ha puesto en cuestión nuestro Estado de derecho y sus instituciones. Por una parte, el desafío secesionista en Cataluña ha supuesto un ataque a la Constitución y al marco de convivencia pacífica que nos dimos los españoles hace casi cuatro décadas. Algunos han considerado que ostentar la mayoría parlamentaria les otorga una legitimidad democrática que permite subvertir el orden constitucional vigente. Por otra, observamos cómo determinados movimientos sostienen la primacía de la voluntad popular sobre la Ley, defendiendo el incumplimiento de esta si así lo demanda la ciudadanía. Quienes esto defienden se arrogan también la potestad de definir los ciudadanos a considerar y de interpretar su voluntad.

Sin embargo, esta supuesta primacía de la legitimidad democrática sobre el principio de legalidad es una falacia. No existe verdadera democracia al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, puesto que el respeto a la Ley, como expresión de la voluntad general de los ciudadanos, constituye la premisa básica de todo sistema democrático. Se está tergiversando el concepto de democracia para socavarla.

Frente a estos ataques a la legalidad, en los últimos días hemos podido comprobar como el respeto a la Ley y la confianza en la justicia por las instituciones y los ciudadanos aragoneses han permitido la restitución de las obras de arte del monasterio de Sijena, tras largos años de espera. Es cierto que, en más ocasiones de las deseables, la lentitud de la administración de justicia, tan escasa en recursos, hace dudar de su eficacia a quienes acuden a ella. Sin embargo, debemos mantener la confianza y asumir que, en una sociedad civilizada, a falta de acuerdo, los derechos deben reclamarse ante los tribunales, que constituyen la última garantía de los ciudadanos frente a la injusticia y la arbitrariedad.

Los acontecimientos sucedidos a lo largo de este año 2017 han puesto de manifiesto que un Poder Judicial único, independiente y responsable, resulta imprescindible para asegurar la libertad y la igualdad de los españoles. Pero para que sea verdaderamente eficaz hemos de dotarlo de los medios necesarios, tanto materiales como organizativos. Es hora de que los gobiernos sean conscientes de la relevancia que tiene el buen funcionamiento de la justicia en el progreso de las sociedades modernas, en cuanto favorece la convivencia y la paz social, y rinde beneficios en términos económicos, al generar mayor seguridad y previsibilidad en la actividad económica.

En el caso de Aragón, dos deben ser los objetivos básicos para el próximo año. El primero, ampliar la planta judicial en Zaragoza. En 2018 se constituirá un nuevo juzgado de primera instancia, dedicado a materia de familia, una las más saturadas. Sin embargo, resulta insuficiente. Sería necesario, como mínimo, crear otro juzgado de primera instancia, tal como estaba previsto inicialmente. El segundo es la implementación del nuevo sistema de expediente electrónico a lo largo del primer semestre. Todos los implicados debemos esforzarnos al máximo para que el proyecto facilite el trabajo de los jueces y los operadores jurídicos. Una implantación defectuosa generará una ralentización en la tramitación y resolución de los procedimientos judiciales.

Ya no bastan las buenas palabras sobre el importante papel de la justicia en la sociedad, son necesarios hechos que demuestren que esas palabras obedecen a una verdadera convicción. La atribución de recursos a la Administración de Justicia debe ser una prioridad de los poderes públicos.