En busca del paraguas legislativo

Algunas empresas catalanas han comenzado a trasladar sus domicilios sociales a otras zonas de España en busca del paraguas legislativo que les permita operar sin dificultad alguna bajo toda la normativa comunitaria. Constituye un acto societario voluntario, sencillo y rápido que exige una realización efectiva de la gestión y administración del negocio en ese nuevo domicilio. Tiene una importante implicación en cuanto a su repercusión en todos los actos societarios (afecta a 46 artículos de la Ley de Sociedades de Capital), así como al sometimiento de la empresa a la jurisdicción y administración competente para el nuevo domicilio. El domicilio fiscal acompañará normalmente al social si en él se centra la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En caso de duda, se acudirá al lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado.

El destino de las más de tres mil empresas que han huido de Cataluña ha sido principalmente Madrid, sede de organismos oficiales, reguladores y supervisores, zona con similar potencial económico al catalán y una de las grandes capitales europeas. La coexistencia de dos áreas o ciudades potentes dentro de un mismo país no es habitual y constituye una excepción. Se han trasladado menos del 0,2% de las empresas catalanas, pero lo han hecho aquellas de gran tamaño y todas las cotizadas, lo cual supondrá un fuerte impacto en el peso futuro de la economía catalana con respecto a España y un impacto a corto plazo sobre el crecimiento económico de España estimado entre 0,3 y 1,2 puntos del PIB. A medio y largo plazo, dependerá de los riesgos que se generen según el nivel de incertidumbre que se implante en nuestra comunidad vecina.

Estos cambios de domicilio social no tienen a corto plazo una gran incidencia en las cuentas públicas autonómicas ni locales por estar bajo normativa estatal las principales figuras impositivas que se ven afectadas, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Dependerá del traslado efectivo de domicilio de las personas físicas que acompañen a esa dirección (accionistas y consejeros) y a esa administración (personal directivo) para que se produzcan cambios a corto plazo en algunos impuestos directos como el IRPF o el impuesto de patrimonio. A medio y largo plazo lo relevante a efectos impositivos será el traslado o la implantación de centros productivos con sus personas asociadas.

Las empresas multinacionales, que tienen más tradición y facilidad para deslocalizar producción, y las empresas nacionales adoptarán, normalmente, decisiones empresariales en las que buscarán aquellos factores deseables para realizar una inversión de medio o largo plazo. Invertirán en el territorio que en conjunto les ofrezca mejores garantías para el retorno óptimo de su inversión. De seguro que analizarán un conjunto de factores como la localización, infraestructuras, conectividad, sectores pujantes, red de proveedores, entorno político, nivel impositivo, capital humano (cuantitativa y sobre todo cualitativamente), centros tecnológicos, paz social, energía, comunicaciones…

Indiscutiblemente, el nivel de costes será un factor determinante y los costes impositivos serán tenidos en consideración en esta decisión estratégica empresarial. Algunos de ellos pueden ser costes de la actividad y en todos los casos el impuesto de beneficios o de sociedades será el último cargo en las cuentas de pérdidas y ganancias de las compañías. Además, es innegable que un nivel impositivo elevado no favorece el desarrollo de la actividad económica ni es positivo para el mejor funcionamiento de nuestras empresas, pero, en mi opinión, no creo que sea el factor decisivo o determinante que provoque la decisión estratégica de instalarse o no en nuestra comunidad con una cierta intención de permanencia.

Ofrezcamos, como siempre, nuestra tierra, con los muchos valores y puntos fuertes que tiene, como destino de ubicación de empresas con visión de largo plazo, proyectos de inversión duraderos, estables, con idea de permanencia y con proyectos que aporten valor añadido y que ayuden al crecimiento económico de nuestra región, que es lo que permitirá a los ciudadanos aragoneses disfrutar de un mayor bienestar.