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Perspectivas 2018

El triunfo del Estado de derecho y la justicia

Alberto Gimeno 02/01/2018 a las 05:00

Se habla estos días continuamente del artículo 155 de nuestra Carta Magna y de que por su aplicación ha regresado parte del tesoro artístico al Real Monasterio de Villanueva de Sijena, de que es una cuestión esencialmente política y de que, por ello, y por "obra y gracia" del señor ministro de Cultura, han vuelto los bienes a Sijena. Hay que recordar todas las sentencias de instancias y órganos jurisdiccionales que han estimado nuestras pretensiones en vía judicial en los últimos cinco años, y que el ansiado y deseado retorno obedece a la ejecución de una sentencia de abril de 2015, lo cual es lo normal y procedente en cualquier Estado de derecho.

La sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, de 18 de enero fue como un jarro de agua fría. Tras 14 años resolvió un conflicto positivo de competencias del año 1998 a favor de Cataluña, negando con ello la debida devolución de los bienes a Sijena. Pero dejó abierta una vía jurídica: no prejuzgaba la titularidad de los mismos, pues la cuestión de la propiedad solo corresponde determinarla  al orden jurisdiccional civil, como afirmaba expresamente.

Y en esta vía se empezó a trabajar, con un informe jurídico de febrero de 2012, y la correspondiente demanda interpuesta en abril de 2012. Es precisamente este procedimiento judicial el que se resolvió de forma estimatoria y se ejecutó el pasado 11 de diciembre en Lérida, tras más de cinco años de duro proceso, varias sentencias e innumerables recursos por la parte contraria, todos desestimados. Nada más, nada menos.

En cualquier Estado democrático avanzado es necesario e imprescindible el respeto al principio de división de poderes, a las resoluciones de juzgados y tribunales, y sobre todo, acatando su cumplimiento, pues son la interpretación por los órganos competentes de nuestro ordenamiento jurídico. Sin este respeto, o solo cuando las mismas son favorables a nuestros intereses, como parece que trasciende en aquellos que están intoxicados por un independentismo radical y una animadversión, el Estado de derecho estará en serio peligro, lo cual no es aconsejable en ningún Estado democrático. Es cierto que esa animadversión solo parte de unos pocos, afortunadamente, como mis compañeros y yo sufrimos en primera persona esa larga noche en el Museo de Lérida, donde la falta de colaboración fue manifiesta, o como también se ha querido denominar, una mera ‘colaboración pasiva’. Los técnicos del Gobierno de Aragón acudimos a dicha sede por orden judicial con la exclusiva finalidad de proceder a la ejecución de una sentencia, con un importante dispositivo de seguridad no deseable e innecesario si el ejecutado hubiese cumplido en plazo entregando los bienes.

Por ello, Sijena, con la cuestión de las pinturas murales aún también pendiente de ejecución judicial provisional tras sentencia favorable a Aragón, es un ejemplo del triunfo del Estado de derecho, y por extensión, de la justicia, en el sentido más amplio. Justicia para Sijena y para todos los aragoneses. Nos ampara la razón jurídica y moral y por ello se ha ganado este procedimiento en sede judicial, donde corresponde. Pues los bienes son de Sijena, y esto tampoco tiene nada que ver con el artículo 155 de la Constitución.

Se acostumbra a confundir Sijena con el resto de conflictos de los bienes aragoneses. Así, en relación con los denominados Bienes de la Franja, y pese a las diversas sentencias favorables sobre la discutida cuestión de la catalogación (primero en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y posteriormente en el Tribunal Supremo en 2015) y al continuo trabajo realizado en sede judicial, al no participar en los procesos los propietarios (Diócesis de Barbastro-Monzón y Diócesis de Huesca), ninguna acción judicial ha prosperado debidamente. Son los titulares dominicales los únicos legitimados para solicitar el levantamiento del depósito de los bienes que permanecen en tal concepto en el Museo de Lérida, justa pretensión para la cual siempre contarán con el apoyo procesal de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, como servidores públicos que somos, y por ello, actuando en defensa del interés general de los aragoneses.





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