El PSOE pide mañana en el Congreso que los menores de 16 años puedan pedir el cambio de género sin permiso paterno

La norma señala que "toda persona de nacionalidad española y con capacidad legal para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral de sexo".

El Pleno del Congreso debate este martes si tramita una proposición de ley del PSOE que permite a los menores de 16 años solicitar un cambio de género en el Registro Civil sin la autorización de sus progenitores o tutores.

En concreto, el documento permite que, en el caso de la oposición de uno o ambos representantes del niño, éste pueda hacer la solicitud a través del Ministerio Fiscal, de forma que, será un juez quien resuelva el procedimiento "teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor".

Hasta ahora, mínimo 16 años

"Se terminaría así con el límite impuesto en la ley sobre esta materia, aprobada por el Gobierno socialista en 2007, que situaba en 16 años la edad permitida para poder registrar el cambio", apunta el documento.

Los socialistas también defienden que la ley "despatologiza la transexualidad" ya que elimina cualquier requisito médico o quirúrgico para solicitar la rectificación registral.

Así, la nueva norma señala que "toda persona de nacionalidad española y con capacidad legal para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral de sexo" y que esta petición "no precisa más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada" junto con los datos necesarios de la inscripción que se pretende rectificar y, en su caso, del número del Documento Nacional de Identidad.

No debe acreditarse con tratamientos

El PSOE señala, además, que la efectividad del derecho al reconocimiento de identidad sexual no se podrá condicionar "en ningún caso" a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo.

Esta nueva norma permite también solicitar el cambio de género a aquellos extranjeros, con residencia en España, que acrediten la imposibilidad de llevar a cabo este proceso en su país de origen porque implique riesgo para su vida o integridad.

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