El Tribunal Supremo asume la causa contra el 'Govern' y los líderes de la ANC y Ómnium

Llarena investigará a partir de ahora a 22 personas, de las cuales solo están aforadas los cinco miembros de la diputación permanente del Parlament que están en libertad bajo fianza, incluida Carme Fordadell.

Romeva, Turull, Junqueras y Puigdemont, en una foto de archivo.
Romeva, Turull, Junqueras y Puigdemont, en una foto de archivo.
AFP

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsejeros del Govern cesado y los líderes de ANC y Òmnium por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista.

De esta manera, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela solo seguirá investigando a partir de ahora al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, y a ellos se les unirán probablemente otros miembros del Govern de categoría inferior a la de consejero que serán imputados en el futuro.

En un auto, el magistrado acuerda así que la causa permanezca dividida, pero atrae la investigación de Lamela apelando a un criterio de conexión entre las actuaciones de los miembros de la Mesa del Parlament que ya investiga y las del Govern de Puigdemont y los presidente de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Llarena investigará a partir de ahora a 22 personas, de las cuales solo están aforadas los cinco miembros de la diputación permanente del Parlament que están en libertad bajo fianza, incluida Carme Fordadell.

Lo hará consciente de que los aforamientos cambiarán tras las elecciones del 21 de diciembre y mientras que unos perderán esa protección, otros la adquirirán, pero considera Llarena que ello no influye en su decisión.

"La obligación de la instrucción conjunta persiste, por más que cambien los copartícipes que cuentan con aforamiento y los que carecen de él", dice el juez en su resolución.

Llarena ha seguido un criterio diferente tanto al de Lamela, que quería que toda la causa estuviese junta, como al de la Fiscalía, que abogaba por que la Audiencia solo llevara a los no aforados.

A su juicio, la actuación del Parlament, del Govern y de los "jordis" debe instruirse de forma conjunta y pone como ejemplo que el delito de rebelión es "plurisubjetivo", es decir, que en él participa una pluralidad de personas y por ello requiere de la "intervención coordinada de todos ellos".

Apoya su decisión en que la doctrina del Supremo establece que puede investigar a no aforados solo cuando "se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas", cosa que ocurre en este caso.

En su auto, el juez deja a Lamela la investigación de la actuación de los Mossos en el proceso independentista, con lo que por ahora la jueza se queda con una causa con dos imputados, Trapero y Laplana, pero que irá aumentando, ya que se espera que investigue a personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes que permitieron el referéndum.

De hecho, la magistrada de la Audiencia Nacional ya advirtió, en su informe a Llarena pidiendo la unificación de las causas, que hay indicios de "una importante colaboración de determinadas personas" en la elaboración de las leyes que posibilitaron la DUI y también de otras que han "cooperado y colaborado estrechamente" desde "distintos escalones y niveles de responsabilidad de la Administración autonómica".

El criterio seguido hasta ahora por ambos jueces en relación con los investigados ha sido diferente, ya que, mientras Lamela envió a prisión a los nueve exconsejeros -entre ellos Oriol Junqueras- que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional y emitió una orden de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron a Bélgica, Llarena puso fianzas a los seis diputados para salir de prisión.

Pero es que también ha sido diferente la estrategia de defensa y así, mientras que los imputados por Llarena acataron en sus declaración ante él la aplicación del artículo 155, los exconsejeros se negaron una semana antes a declarar ante Lamela.

Ahora, en sus recursos pidiendo su excarcelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, todos los exconsejeros, menos Oriol Junqueras, han acatado de forma explícita el 155, en lo que se presenta como un cambio de rumbo para ganarse la libertad que ahora se verá si les funciona en el Supremo.

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