La fiscal especializada en violencia de género Susana Gisbert ha urgido este jueves a la sociedad a denunciar los casos de violencia de género del mismo modo que se denuncian los robos y ha alertado de la preocupante utilización de los menores como instrumento para dañar a las mujeres.

De hecho, el año pasado un menor fue asesinado en España en el ámbito de la violencia machista y este año han sido siete, ha explicado a los medios antes de participar en el I Congreso sobre Violencia contra las Mujeres organizado por el Instituto Aragonés de la Mujer con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre.

Gisbert, quien ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas más mujeres que en todo 2016 en España, ha insistido además en que la cifra de denuncias por parte de personas que no son la maltratada es "todavía muy baja".

Y aunque ha reconocido que se dio "un paso muy importante" en 2004 con la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, "poco a poco se ha bajado la guardia" y en la actualidad algunos jóvenes son "más machistas cuando han sido educados en igualdad".

Además de inversión y medios, Gisbert considera necesaria "una apuesta seria por seguir en esta lucha y por atacar desde la raíz" el problema, que es el machismo. "La educación en igualdad es la vacuna contra el machismo", ha destacado.

Desde el turno de oficio de violencia de género, la abogada Yolanda Mompel ha reclamado más medios "y dinero" para poder atacar esta lacra en forma de violencia física y psíquica, maltrato, acoso y violaciones, quebrantamientos de condenas o incluso delitos económicos, ha citado.

La letrada ha resaltado que en muchas ocasiones las denuncias se retiran porque la mujer se encuentra sola y, tras ponerse en marcha "toda la maquinaria", no prosperan.

Un porcentaje que es "cada vez menor", ha reconocido, pero que en el turno de oficio se produce y sobre todo en inmigrantes, mujeres que no tienen familia y que no quieren ejercer la acusación particular.

Por ello se requiere que la administración "aporte dinero" porque la mujer tiene que estar acompañada por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.

Mompel ha destacado que Aragón es una comunidad pionera, en la que la mujer que sufre cualquier tipo de violencia tiene asistencia jurídica de manera "gratuita e inmediata", que no se da en otros territorios y de lo que se siente "muy orgullosa".

No obstante, ha recordado que en 2016 en Aragón se trataron unos 1.500 procedimientos, aunque las actuaciones son "inmensas" y el turno de oficio está de guardia las 24 horas todos los días.

En este mismo foro, la consejera de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Mariví Broto, ha urgido también a la sociedad a "denunciar" los casos de violencia machista y a los medios de comunicación a sensibilizar sobre este problema.

La violencia de género ha motivado este I Congreso sobre Violencia contra las Mujeres que se celebra este jueves y viernes en Zaragoza y que coincide, además de con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, con los diez años de la aprobación de la ley de violencia de género en Aragón, una ley "muy positiva y avanzada", que supera la estatal de 2004.

Broto ha recordado el compromiso del ejecutivo aragonés con este problema que requiere la puesta en marcha "de todas las medidas" y ha recordado que el presupuesto destinado por la DGA a la prevención y atención a las víctimas en esta legislatura se ha incrementado un 98 por ciento.

Ha citado también la próxima puesta en marcha del primer protocolo en materia de violencia sexual o los acuerdos alcanzados con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para lograr que la prevención llegue también al medio rural