El cierre de pozos ilegales, clave para asegurar el agua durante la sequía

Greenpeace ha presentado un informe en el que se detallan las continuas extracciones ilegales de agua en territorio español.

Vista de la sequía que afecta al pantano de Mediano, en el Pirineo Oscense
El cierre de pozos ilegales, clave para asegurar el agua durante la sequía
Efe

Cerrar más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda España, mantener los acuíferos en buen estado y regenerar las aguas residuales es, según Greenpeace, clave para asegurar el abastecimiento y el riego en sequías severas como la actual, en que los embalses apenas rebasan el 37 % de su capacidad.

Es prioritario parar el continuo robo de caudales que provocan el millón de pozos ilegales reconocidos en 2017 y que agravan la sequía, ha aseverado hoy Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de la ONG, durante la presentación del estudio "Sequía. Algo más que falta de lluvia".

En dicho informe, se detallan las continuas extracciones ilegales de agua en zonas tan emblemáticas del territorio español como Doñana, Daimiel, la cuenca del Segura y en el acuífero de Madrid, entre otras zonas.

Barea ha explicado que esas aguas subterráneas son "la reserva del futuro" existentes en los periodos de sequía, y ha lamentado que actualmente no exista ningún control sobre esos pozos, por lo que el panorama de escasez y gestión del agua en España resulta "desolador".

A su juicio, existe una "desidia total" en la gestión de estos pozos por parte del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente (Mapama) y ha recordado que ya en 2006 el Ministerio reconocía más de 500.000 pozos diseminados por toda la geografía española de los que se extraían ilegalmente unos 3.600 hectómetros cúbicos al año de agua.

"En los últimos 10 años es probable que se hayan cerrado unas cuantas decenas de pozos pero no se sabe cuantos más se habrán abierto y los acuíferos son las reservas hídricas estratégicas en casos de extrema gravedad", ha explicado.

A su juicio, la situación actual es "grave" debido a que el Ministerio reconoce que pueden existir en 2017 más de un millón de pozos ilegales, pero "no da datos y cifras oficiales para no alarmar a la población".

"Si los pozos estuvieran más controlados y los robos se sancionaran se podría cuantificar de manera formal el agua que se pierde y abordar así el problema", ha añadido.

Durante la multitudinaria rueda de prensa, Greenpeace ha incidido en que la sequía debe gestionarse desde un punto de vista holístico, que incluya acciones en la agricultura, ecosistemas terrestres y acuáticos, incendios, energía y cambio climático y salud y seguridad pública.

Para la organización ecologista, "basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua es un error con graves consecuencias medioambientales y sociales" y por ello, pese a que España es el país con más embalses per cápita del mundo, "siguen los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden".

Se siguen manejando estos periodos secos con políticas propias del siglo pasado, donde la oferta de agua, por descabellada que sea, ha sido cubierta, ha vaticinado Greenpeace, que asegura que "es necesario avanzar en eficiencia para garantizar el derecho humano de toda la población al agua, pero con el mínimo impacto ambiental".

Y en este reto, ha añadido, "debemos trabajar todos, desde consumidores hasta compañías de abastecimiento, desde agricultores a industrias, desde administraciones locales hasta grandes organismos internacionales".

La ONG recuerda que estamos en un país con un tercio del territorio amenazado por la desertificación y donde las previsiones de impactos por el cambio climático son de las más preocupantes y severas del continente.

Sin embargo, añade Greenpeace, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo, que consume casi el 85 por ciento del agua, según los últimos datos del INE (2015), y el resto se lo reparten el abastecimiento y los usos industriales.

En noviembre, ha subrayado la ONG, las reservas de agua embalsada (en superficie) son del 37 por ciento, cuando la primavera y el otoño son los periodos húmedos en la península Ibérica, en que más precipitaciones recibe.

Sin embargo, la primavera ha sido la más seca desde 1965, un 23 por ciento de precipitaciones por debajo de la media, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y las previsiones para otoño tampoco son buenas en cuanto a lluvias y nieves.

Greenpeace ha denunciado además que el Gobierno, a través de su propuesta de Pacto Nacional por el Agua, usará la sequía para justificar la construcción de más embalses, trasvases e infraestructuras.

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