Las causas penales abiertas contra el proceso político ilegal en Cataluña, desperdigadas en varios juzgados de Madrid y Barcelona, serán asumidas de forma íntegra por el Tribunal Supremo antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El juez de la Sala Segunda (de lo Penal) Pablo Llarena, que ya instruye la querella presentada por el fiscal general contra los seis exmiembros de la Mesa del Parlament, asumirá por conexidad el procedimiento que sigue en la Audiencia Nacional la juez Carmen Lamela, según confirmaron este lunes fuentes del alto tribunal.

Dicha causa fue abierta el 31 de octubre a raíz de otra querella del fiscal general contra los 14 miembros del 'Govern', con el expresidente huido Carles Puigdemont a la cabeza. Asimismo, estas pesquisas se consideraron como una pieza separada de otra causa que ya seguía Lamela por un delito de sedición contra los líderes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente del cuerpo Teresa Laplana.

La razón que dio Lamela para unificar entonces ambos procedimientos es que el delito de sedición y los hechos descritos en la querella posterior son similares a los que ya se investigaban en la Audiencia Nacional tras una denuncia de la propia Fiscalía. En concreto, se trataba de los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando 40.000 personas se congregaron frenta a la Consejería de Economía e impidieron el trabajo de la comisión judicial de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pues bien, todos estos hechos, la presunta sedición -"alzamiento tumultuario para impedir el cumplimiento de una resolución judicial"- cometida por los llamados 'Jordis', que se encuentran en prisión preventiva desde el 17 de octubre, o los indicios contra Trapero, recaerán ahora en manos del juez Llarena.

24 investigados

Este magistrado de 54 años, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, el colectivo mayoritario de jueces situado en el llamado sector conservador, dio este martes el primer paso para quedarse con esta causa tras pedir información a su compañera Lamela sobre el estado de las diligencias en su juzgado. En concreto, requirió un informe sobre "los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos". Para ello, el juez Llarena pidió a la juez de la Audiencia Nacional que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el plazo de cinco días informen directamente al Supremo sobre la eventual acumulación. Lamela cumplió su parte este martes y emplazó a las partes en la causa por sedición a que se pronuncien.

Pocas dudas quedan de que alguna defensa vaya a poner obstáculos a la acumulación en el Supremo. Es más, las manifestaciones de los abogados de los ocho exmiembros del 'Govern' en prisión incondicional es que las pesquisas deberían estar ya en el Supremo. También el fiscal general defendió en sus querellas que los hechos sobre dos años de proceso político ilegal en Cataluña son "inescindibles" y que la lógica procesal lleva a pensar que sea el alto tribunal quien instruyera esta suerte de macrocausa, que podría tener 24 investigados (14 del 'Govern', seis de la Mesa, los 'Jordis', Trapero y Laplana).

Y por si aún no está claro, el juez Llarena invocó este martes en su providencia el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual "ningún juez, tribunal o parte podrá promover competencia contra el Tribunal Supremo". Por lo tanto, la petición formal de un informe a la magistrada es un mero formalismo antes de quedarse con toda la causa de la Audiencia Nacional.

El pasado jueves, antes de tomar declaración como investigados a los seis querellados de la Mesa, Llarena ya resolvió quedarse con las causas abiertas en el Tribunal Superior de Cataluña contra Carme Forcadell y parte de los diputados que formaban parte de dicho órgano, clave para la tramitación de las leyes de desconexión y ruptura y la declaración unilateral de independencia (la propuesta de votación que provocó la presentación de las querellas).

Pero, ¿cómo afectará a los encarcelados que la causa se vaya al Supremo? Las mismas fuentes señalaron que un dato importante será el movimientos de sus defensas, ya que este viernes se acaba el plazo para recurrir a la Sala Penal de la Audiencia. Si no utilizan esta carta y la causa acaba en el Supremo, lo previsible es que Oriol Junqueras o Jordi Turull pidan comparecer ante el juez Llarena. Pero en caso de que apelen, la resolución que de ahí salga perderá su efecto si la causa llega al alto tribunal. En cualquier caso, si los exmiembros del 'Govern' quieren salir ya de prisión solo tienen una vía para reducir la reiteración delictiva: acatar el artículo 155 y admitir que harán política dentro del marco constitucional, como hizo Forcadell.