Forcadell y los miembros de la Mesa acatan el 155 y dan un valor simbólico a la DUI

Las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara autonómica ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña han concluido pasadas las seis de la tarde, tras algo más de siete horas.

 Forcadell, y los miembros de la Mesa han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27-O tenía "carácter simbólico".

Fuentes jurídicas han informado del contenido de las declaraciones prestadas ante Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la fiscalía, un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los 'exconsellers' del Govern.

Otras fuentes, del entorno de Forcadell, han informado de que la presidenta ha defendido ante el juez que el Tribunal Constitucional "no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posteriori".

Según estas fuentes, Forcadell ha añadido que "siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre".

También ha afirmado que "evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado democrático".

Forcadell, aseguran, ha defendido que "ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".

Ha explicado asimismo que como presidenta no puede hacer un control "de fondo" de las iniciativas parlamentarias y que no puede impedir votaciones.

Finalmente, ha indicado, según las fuentes, que "ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos" porque esta vía "es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos".

Más de 7 horas de declaraciones

Las declaraciones comenzaron pasadas las 9.30 de la mañana de este jueves con Forcadell, que ha sido la que más tiempo ha comparecido ante el magistrado instructor. Durante algo más de dos horas, ha sido preguntada por los actos que realizó para facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.

Según fuentes presentes en la declaración, la presidenta del Parlament ha calificado de "declarativa" y "simbólica" la DUI y ha expresado que ésta no tenía valor jurídico tras ser preguntada por este extremo por los representantes de la Fiscalía. Por otra parte, Forcadell ha aportado durante su declaración diversos documentos que vendrían a confirmar que las cuentas del Parlament están siendo intervenidas por Hacienda, con el objetivo de contrarrestar la acusación de malversación de fondos públicos de los que le acusa también el Ministerio Público.

A Forcadell le han seguido Lluís Corominas, Lluís Guinó --quien sustituyó al primero como vicepresidente de la Mesa de la Cámara Catalana el pasado 17 de julio, han informado fuentes jurídicas--, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Este último es el único no aforado, al no estar actualmente en la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.

Todos ellos, salvo la presidenta del Parlament, han declarado alrededor de una hora y han contestado a las preguntas de la Fiscalía. Una dinámica que supone un cambio de estrategia con respecto a la seguida el pasado 2 de noviembre por ocho exmiembros del Govern, quienes que se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien acordó contra ellos prisión incondicional.

Las mismas fuentes han destacado que los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal primero, y Javier Zaragoza y Jaime Moreno (que han sustituido a los anteriores al empezar la declaración de la cuarta investigada, Ana Simó), han incidido durante su interrogatorio sobre si las intenciones de los parlamentarios eran violentas, lo que ellos han negado. Han reconocido no obstante que sus llamamientos pacíficos pudieron terminar en incidentes en las calles aunque ésta no fuera su intención.

Vistilla conjunta

Tras las declaraciones de los seis investigados, el juez del Tribunal Supremo celebrará una vistilla conjunta para decidir si acuerda alguna medida cautelar --que pueden ir de la mera retirada de pasaporte a la imposición de fianza e incluso el ingreso en prisión-- contra los investigados, en caso de que los fiscales lo soliciten.

Este jueves, fuentes del Ministerio Público han recordado que ya en la querella presentada contra todos ellos, contemplaba la adopción de las cautelares "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".

Arropados

Alrededor de un centenar de personas, entre los que se incluían diputados y senadores de partidos independentistas, han arropado este jueves a las puertas del Tribunal Supremo a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell y el resto de los antiguos miembros de la Mesa. Portando varias esteladas, han coreado, tanto en castellano como en catalán, consignas como "Madrid está con el pueblo catalán", "Presos políticos, libertad" u "No estáis solos".

Las puertas del alto tribunal han amanecido atestadas de gente, entre periodistas y manifestantes, a la espera de que llegaran los investigados, que fueron convocados a las 9.30 horas de este 9 de noviembre, día de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, después de que la semana pasada, cuando estaba prevista la primera citación, los abogados pidieran un aplazamiento al no haber podido preparar la declaración ante el magistrado Pablo Llarena.