La juez envía a prisión a Junqueras y a otros siete exconsellers de la Generalitat
La juez ha enviado a prisión a Junqueras y a otros siete exconsellers de la Generalitat

La Audiencia Nacional escribió este jueves una de la páginas más trascendentales, sino la que más por sus consecuencias políticas y sociales, en sus 40 años de vida. La juez Carmen Lamela puso el broche a la respuesta penal del Estado a dos años de desafío independentista en Cataluña. Un proceso político considerado ilegal por el Tribunal Constitucional y cuya fase culminante se desarrolló desde el pasado 6 de septiembre, con la aprobación de las leyes de ruptura, hasta la votación en el Parlament el 27 de octubre de la declaración unilateral de independencia.

Pasadas las 17.00  de este jueves, Lamela dictó un auto de 19 páginas en el que ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza para más de medio Govern catalán (la otra parte se encontraba en Bélgica). Un Ejecutivo que cesó en sus funciones cuando el Gobierno central decidió destituir a todos sus miembros el pasado sábado, una medida tomada al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el aval previo del fiscal general, cuya querella del lunes motivó las citaciones del miércoles, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres acordó la prisión incondicional para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia) y Dolors Bassa (Trabajo).

La juez envía a prisión a Junqueras y a otros siete exconsellers de la Generalitat

Investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que en conjunto sumarían en el caso máximo 50 años de prisión, Lamela consideró que se daban los presupuestos necesarios para enviarlos a prisión sin fianza porque si quedaban en libertad había un «alto riesgo» de reiteración delictiva, posibilidad de ocultación y/o destrucción de pruebas y riesgo de fuga. En este punto, la juez afirmó que «basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido».

Una nítida referencia a la decisión del expresidente Carles Puigdemont de coger un coche a Marsella (Francia) el pasado lunes tras conocer la querella del fiscal general y volar a Bruselas para eludir la acción de la Justicia. Además de Puigdemont, hoy tampoco comparecieron los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La Fiscalía pidió las pertinentes órdenes nacionales e internacionales de búsqueda, captura y entrega, que la juez tiene previsto resolver mañana.

El caso del exconsejero de Empresa Santi Vila requiere una mención aparte. Compareció en la Audiencia Nacional y, a diferencia de la estrategia de sus antiguos compañeros, sí contestó a las preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y de su abogado durante 45 minutos. Su colaboración le valió que la juez dictara en su caso prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Una noche en prisión y mañana su excarcelación para dormir en casa. También pesó que dimitiera de su cargo antes de la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

«Frente a los demás querellados -escribió la juez en su auto- no se aprecia en el señor Vila el riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que el mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista».

«Alentaron la insurreción»

Los encarcelados, en cambio, solo contestaron a preguntas de sus abogados en unas breves comparecencias de solo cinco minutos y esperaron durante tres horas la decisión de la juez Lamela tras celebrarse la pertinente vistilla entre las partes y el juez sobre medidas cautelares.

La magistrada, que ya encarceló a los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, hizo un relato pormenorizado de los principales hitos en estos dos años de proceso político. Aseguró que «la acción de los querellados fue meditada y perfectamente organizada, dando muestra del incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Contitucional en pro de la independencia».

Asimismo, afirmó que hubo un «reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevarían a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament».

Recordó que los exconsejeros presos Ponsatí y Forn son socios de ANC, y Romeva, Turull y Bassa, de Òmnium Cultural. «En ejecución de lo resuelto, para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población alentando actos de insurección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso», remachó la juez en su auto de prisión.

El comunicado de Puigdemont

«Exijo la liberación de los consejeros y el fin de la represión política». Carles Puigdemont respondió de esta forma desde Bruselas a la encarcelación de buena parte de su Gobierno.

En su intervención a través de TV-3, afirmó que la decisión de la juez Carmen Lamela supone «un golpe contra las elecciones del próximo 21 de diciembre». Y fue más allá. «La furia con que el Estado español ha embestido contra lo que nos ha hecho una vieja nación de Europa es desbocada y lo amenaza todo». Frente al Gobierno central, reivindicó el pacifismo de los catalanes. Y para concluir, aseguró que «entre rejas, el Govern legítimo de Cataluña es infinitamente más digno que sus ilusos encarceladores».

El expresident pronunció este discurso mientras Lamela ultima los detalles de su orden de busca y captura. Porque el hecho de que no acudiera a declarar el jueves ante la Audiencia Nacional suponía de facto la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, la también llamada euroorden, que anoche aún no se había emitido. Salvo sorpresa será el viernes y será entonces cuando comience un proceso que acabará con el 'expresident' ante un juez de Bélgica, quien deberá decidir sobre su extradición a España.

En esta misma situación se encuentran los cuatro 'exconsellers' huidos, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Todos han decidido seguir los pasos de Puigdemont para «internacionalizar el 155» creando una suerte de Govern en el exilio en Bélgica. No es para nada descabellado y, de hecho, es probable que vivan las elecciones catalanas desde Bruselas ya que el procedimiento podría demorarse entre dos y tres meses en un escenario más o menos lógico.

Sin arresto

De momento, la maquinaria se ha puesto en marcha y Paul Bekaert confirmó anoche que ya está en contacto con la Fiscalía del país para tramitar la entrega de los querellados ante el juez competente en el caso. La idea es que la Policía belga ni siquiera se vea obligada a proceder a su localización y arresto. Es aquí donde se enmarcan las declaraciones de días pasados en las que aseguraban que no escapaban de la justicia, que querían comparecer ante ella pero de una manera «justa, con todas las garantías», algo que a su juicio no se puede hacer en España por «la politización de la justicia».

Aunque quizá haya también algo de esto en la estrategia de defensa de Bekaert. «En España aún no se han librado de él. Y si lo detienen, lo convertirán en un mártir», recalcó ayer a la televisión holandesa HLN. «No me fío ni un pelo de la justicia española», zanjó este veterano abogado especializado en derechos humanos. Respecto al asilo político, otra de las figuras que se barajaron en un principio, insistió en que «no está encima de la mesa por ahora».

De momento, el paradero de Puigdemont y los cuatro exconsellers es una incógnita después de que el martes a última hora de la tarde dejasen su hotel una noche antes de lo previsto para burlar a los periodistas y cámaras de televisión. Su entorno asegura que siguen en Bruselas, pero su única imagen, publicada por RNE, fue en una cafetería en la que sus empleados negaron luego que hubiera estado allí.

La Fiscalía, por su parte, señaló que «nos limitaremos a acatar la ley». Una vez el caso ya esté judicializado en Bélgica, el magistrado de instrucción deberá decidir si procede o no la entrega a las autoridades españolas. En el hipotético caso de que la aceptase, la decisión es recurrible a una instancia superior y luego, finalmente ante el Tribunal de Casación (algo así como el Tribunal Supremo).

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