Hasta nueve altos cargos aragoneses podrían participar en la aplicación del artículo 155
Bermúdez de Castro, responsable del área territorial, el más implicado Garcés, enServicios Sociales, y dos directores de Educación, con responsabilidades.
Desde la consejería de Presidencia catalana hasta la planificación del próximo curso escolar en los colegios de Cataluña. El Gobierno central se va a ver obligado a delegar en numerosos altos cargos el día a día de la Generalitat catalana, y hay un número relevante de aragoneses que tienen todas las opciones de acabar implicados en ese proceso.
El caso más claro es el de Roberto Bermúdez de Castro. Este exconsejero de Presidencia de la DGA es ahora el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Su departamento, que depende de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido en parte responsable de todo el proceso de activación del artículo del 155 de la Constitución, y también se encargará de su puesta en marcha. En sus manos y en las de sus directores generales puede quedar buena parte de la gestión de las consejerías que lideraron el intento de independencia.
Mario Garcés es secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. En esta área, la Generalitat tiene una buena parte de las competencias transferidas, así que él y su equipo tienen también muchas opciones de asumir esa parte de intervención. Como dato relevante, la Generalitat tiene un presupuesto de 2.000 millones solo para Servicios Sociales, área que es la que depende de Garcés.
Otros dos aragoneses que es complicado que escapen del proceso son Marco Rando y José Fernández Lacasa. Ambos son directores generales en el Ministerio de Educación, área en el que se prevé especial resistencia por parte de funcionarios de la Generalitat. En sus manos estará que no haya problemas en este año escolar ni en la planificación del siguiente.
El subsecretario Felipe Martínez Rico podrá asumir funciones de fiscalización del gasto de la Generalitat, mientras que Eva Valle, en la Oficina Económica del Presidente, ya actúa ante la crisis de fuga de empresas. Las instituciones culturales, conAna Santos al frente de la Biblioteca Nacional, la política de mayores y parar los efectos ante la UE también cuenta con responsables aragoneses.
