Amnistía Internacional ve una situación de "alta tensión" en Cataluña

Amnistía Internacional ha valorado la situación por la que pasa Cataluña como un escenario de "alta tensión" y ha pedido a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de "respetar y garantizar los derechos humanos", entre los que destaca particularmente la libertad de expresión.

"Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros", subraya la organización en un comunicado.

Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben "esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación" para obstaculizarla ni "imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas" a los organizadores o participantes.

"Declaraciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, amenazando con multar a las personas que se manifiesten espontáneamente están fuera de lugar y ponen en peligro el derecho de reunión pacífica", ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, que considera "injustificadas" las suspensiones aplicada en Vitoria y Madrid a dos actos de apoyo a la referéndum ilegal del 1-O.

Además, en relación a los señalamientos en medios de comunicación a responsables políticos que se niegan a incumplir la ley y la inserción en medios de comunicación de publicidad de la consulta, cuestiones ambas que están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado, la organización internacional recuerda a las autoridades que las restricciones en el derecho de información "se deben referir a un contenido concreto" y cree que la "restricción de cualquier publicidad o propaganda" es un criterio "notablemente impreciso" que podría suponer la restricción de "ejercicios legítimos de libertad de expresión e información".

"En caso de que las autoridades impongan una restricción a la libertad de expresión bajo el argumento de que supone una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o al derecho de otros, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que se debe demostrar de manera precisa la naturaleza de la amenaza, y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se adopte, estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza, algo que los jueces no hicieron en estos casos", subraya el comunicado.

El texto concluye con un llamamiento a las autoridades a respetar y garantizar "más que nunca" los Derechos Humanos, en una situación de "alta tensión", en palabras de la coordinadora de la organización en Cataluña, Adriana Ribas.