La delegación del Gobierno de Cataluña ha comunicado este viernes a los directores de todos los institutos educativos de secundaria de Cataluña que si autorizan, de forma "incluso tácita", la celebración de "actos ilegales convocados por la Generalitat el 1-O" pueden caer en "responsabilidades penales".

En una misiva, a la cual ha tenido acceso Efe, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, avisa a los directores de los institutos que entre estas actuaciones se encuentra el "poner a disposición de autoridades o terceros las llaves o códigos de acceso a los locales".

Millo recuerda que, en caso de colaborar con el 1-O, suspendido por el Constitucional, los directores pueden cometer los delitos de "prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza".

El texto señala que a los directores de los centros no les "eximirá de estas responsabilidades" el hecho de que la actuación responda al "cumplimiento de eventuales instrucciones dictadas por cualquier autoridad política o administrativa".

La delegación del Gobierno manifiesta "la importancia del necesario y debido cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como la necesidad de mirar por el adecuado ajuste al ordenamiento jurídico de la actividad y funcionamiento del centro" escolar.

La misiva señala que "cualquier actuación de los directores de los centros expresa o presunta para usos no docentes" requiere de la comprobación de "las finalidades de la licitud", entre las cuales "no resulta admisible su uso en actividades ilegales" como "de forma notoria" lo es el referéndum convocado por la Generalitat.

El texto, que recuerda que cualquier uso de los centros educativos fuera de la jornada escolar debe ser autorizado por los máximos responsables de los mismos, avisa que el ejercicio de esta competencia por parte de los directores "incluye el control de la legalidad de los usos y actividades que pretendan llevarse a cabo".

La delegación del Gobierno señala a los directores que no pueden "contravenir las resoluciones del Tribunal Constitucional", que ha declarado la consulta contraria al orden constitucional.

La misiva asevera que no puede aplicarse en este caso la normativa electoral, que contempla utilizar los centros educativos como puntos de votación, pues "ha sido expresamente declarado ilegal el proceso convocado para el 1 de octubre".