La concertada pide en el Congreso que los cambios sobre los conciertos se debatan dentro del Pacto por la Educación

Los representantes de estas organizaciones, que integran al 25% del alumnado español han registrado en la Cámara Baja un escrito dirigido a la presidenta de la subcomisión para el Pacto de Estado social y político por la Educación.

Las organizaciones más representativas del sector de la concertada (las patronales CECE y Escuelas Católicas; organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA; sindicatos FE-USO y FSIE, y cooperativas UECOE) han pedido en el Congreso de los Diputados que el debate sobre el sistema de conciertos de enseñanza se realice en la subcomisión para el Pacto de Estado social y político por la Educación y no al margen de esta, como, a su juicio, pretende el grupo socialista.

Los representantes de estas organizaciones, que integran al 25% del alumnado español (más de dos millones de alumnos) han registrado en la Cámara Baja un escrito dirigido a la presidenta de la subcomisión, Teófila Martínez.

En este documento, se quejan de que el PSOE, con sus dos proposiciones de ley de reforma de la LOMCE para limitar los conciertos, ha actuado de forma "unilateral" y sin esperar a que finalicen los plazos previstos para que la subcomisión dictamine unas conclusiones, "cambiando las reglas del juego y en contra del procedimiento consensuado por todos".

"Aún respetando la capacidad legítima de los grupos parlamentarios para presentar cualquier iniciativa en el Congreso, las organizaciones firmantes entendemos que esta subcomisión (para el Pacto) es el foro más apropiado para debatir y consensuar los temas educativos desde la moderación, la profesionalidad, el rigor y la pluralidad, dentro del acuerdo político y social que anima a la búsqueda de tan ansiado pacto educativo", aseveran.

Las organizaciones firmantes reiteran a la presidenta de la subcomisión su confianza en este foro para la búsqueda de puntos de encuentro que faciliten el consenso suficiente para "gozar de una ley educativa que sea un proyecto compartido por la mayoría de los agentes sociales y políticos, que busque la calidad y la equidad en la educación".

Asimismo, reiteran su ofrecimiento a colaborar con los grupos parlamentarios para que puedan elaborar sus conclusiones "con la máxima objetividad y en beneficio de toda la comunidad educativa".

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