El vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, ha dado por suspendida la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Gobierno central, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya admitido a trámite el recurso de la Generalitat.

En rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha avisado este martes al Estado de que no puede intervenir las cuentas porque la admisión a trámite "tiene efectos suspensivos", aunque éste lo niegue basándose en la jurisprudencia, y ha anunciado también que se dirigirán a las entidades financieras por vía administrativa y notarial.

Junqueras asegura que el Gobierno central no puede retener lo que no es suyo porque son recursos propios de la Generalitat: "¿Qué ampara esto? ¿Hay alguna orden judicial?", se ha preguntado. Para él, "si no hay una orden judicial ni ninguna razón que lo ampare, estarían cometiendo un delito descomunal si lo hicieran. Y ¿cómo los terceros permitirían que los convirtieran en cómplices de algo que no es legal?".

Al preguntársele cómo pueden evitar la intervención de las finanzas, el también consejero de Economía ha respondido que lo harán ejerciendo sus funciones y "convencidos de que nadie actuará fuera de la ley". Para el vicepresidente, no hay razones legales ni de ningún tipo que justifique que el Govern no pueda funcionar con normalidad, "más allá de intentar castigar al conjunto de catalanes por el hecho de que hay un referéndum".

El Supremo lo niega

El Tribunal Supremo ha dado traslado este martes a la Abogacía del Estado del recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Cataluña contra la intervención de los gastos de la comunidad autónoma por parte del Estado. Pide que le informe sobre la conveniencia de aplicar o no la medida cautelar en la que los recurrentes solicitan que dicho control quede en suspenso mientras se resuelve sobre el fondo. Fuentes del alto tribunal han explicado que la mera intervención del recurso no deja en suspenso la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, y que dicha paralización es precisamente lo que se consulta a los Servicios Jurídicos del Estado, que tienen un plazo de diez días para resolver. Las mismas fuentes*desmienten de este modo al vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien ha dado por suspendida la intervención.

Todos los recursos

En opinión de Junqueras, el Gobierno central acude a la Ley de Estabilidad Presupuestaria para conseguir objetivos políticos pese a la "gestión ejemplar" que la Generalitat ha hecho de sus recursos, lo que ha contrapuesto con el hecho de que el Estado tenga un expediente abierto por exceso de déficit. Tras reiterar la disposición del Govern a colaborar con todo el mundo, también con las entidades financieras, ha asegurado que disponen "de todos los recursos para hacer frente a todas sus obligaciones", y que las afrontarán por todas las vías.

"Los recursos son nuestros"

"Los recursos son nuestros, están en cuentas bancarias que son nuestras y estamos seguros que ningún tercero querrá incumplir la ley", ha sostenido Junqueras, que vehiculará todos los mecanismos a su alcance para seguir funcionando con la misma eficacia, ha puntualizado. Así, se dirigirán a las entidades financieras y también ofrecerán asistencia y asesoramiento a terceros, como proveedores y usuarios de servicios públicos, que puedan verse afectados por actuaciones "irresponsables" del Gobierno.

Lista de nóminas

"Garantizaremos que todas las personas y entidades vinculadas con el 'Govern' tengan las prestaciones que les toca, y defenderemos los intereses de terceros", ha advertido Junqueras, que ha añadido que actuarán con la máxima normalidad, ejerciendo sus funciones con voluntad de colaboración, ha dicho al preguntársele si la Generalitat enviará la lista de nóminas de los funcionarios a Hacienda, como le piden. Según el consejero, han reducido el déficit catalán por valor de 4.000 millones de euros en un año, lo que representa el 85% de la reducción del déficit de todas las administraciones del Estado, y la gestión de la tesorería de la Generalitat ha permitido que los proveedores cobren como media por debajo de los 30 días.