La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha considerado este viernes "un agravio añadido" la decisión del Consejo de Ministros de recurrir las 35 horas semanales de los empleados públicos en Andalucía y ha advertido de que esta jornada suponía "una oportunidad laboral" para la generación de "unos 7.000 empleos a lo largo del año".

En declaraciones a los periodistas minutos después del anuncio de la medida en el Congreso de Ministros, Montero ha calificado esta decisión del Ejecutivo central como "una pésima noticia" al tratarse de "un derecho" que afecta a los aproximadamente 270.000 empleados públicos en Andalucía y ha apuntado que se reunirá de urgencia con los sindicatos para abordar este asunto.

La consejera ha explicado que la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, además de ser un derecho de los trabajadores, también afectaba a "un volumen importante" de personas que se podían contratar para la jornada que se quedaba vacante. "Era una oportunidad para el empleo en una comunidad castigada por el desempleo, que no ha contado con un plan de empleo del Gobierno", ha señalado.

En este mismo sentido, ha criticado esta decisión teniendo en cuenta que Andalucía ha cumplido con sus obligaciones fiscales y con toda la materia que ha acordado con el Gobierno. "Era un derecho conquistado de los trabajadores, una de sus principales reivindicaciones", ha asegurado, toda vez que ha recordado que este decreto ley contó con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios en el Parlamento andaluz y se negoció con los sindicatos.

"El Gobierno acomete un atropello en Andalucía y en el sector público, en particular, que ha sido ejemplar, que ha llevado a pulmón el mantenimiento de los servicios públicos", ha advertido la consejera del ramo.

Montero ha apuntado que otras dos comunidades, País Vasco y Castilla-La Mancha, tomaron también iniciativas en materia de jornada laboral, que fueron recurridos por el Gobierno. Ahora, según ha explicado, el Gobierno tendrá unos día para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y, tras esto, la Junta de Andalucía contará con 15 días para hacer alegaciones.

Por último, ha recordado que esta medida comenzó a aplicarse el 16 de enero de esto año dentro del marco normativo de la Comunidad y ha afirmado que su recurso supone "un absoluto desprecio" para Andalucía y para estos trabajadores.