La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado que no tiene intención de renovar su mandato al frente de la institución, que acaba el próximo 21 de julio. "Considero que cinco años son un tiempo suficiente para llevar a cabo una labor. Acaba aquí mi tiempo como Defensora", ha explicado.

En una rueda de prensa en la sede de la Institución, Becerril ha indicado que para ella ha sido "un gran honor" haber intentado cumplir con el mandato de la Constitución para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y actuar como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como Mecanismo de Prevención de la Tortura. "Si hay una sola persona en España que no puede quejarse, esa es la Defensora del Pueblo", ha celebrado.

Asimismo, ha hecho un repaso de su labor al frente del Defensor del Pueblo y ha enumerado los informes presentados: cinco anuales, cuatro semestrales, 22 monográficos y cinco como Mecanismo de Prevención de la Tortura. A final de mes, presentará el balance correspondiente de este semestre y otro de los cinco años de su gestión.

La primera Defensora del Pueblo (tras dos años de interinidad de María Luisa Cava de Llano) ha señalado que su prioridad durante el mandato ha sido el de "abrir la institución al mayor número de personas posible", así como el de acortar los tiempos de respuesta de las administraciones, facilitar la llegada de información o efectuar recomendaciones a las instituciones públicas.

"La transparencia ha sido nuestro objetivo, incluso antes de que entrara en vigor la Ley de transparencia", ha subrayado Becerril que, preguntada por su futuro más inmediato, ha contestado simplemente con una sonrisa. "Hasta aquí ha llegado la Defensora en calidad de Defensora", ha reiterado.

Francisco Fernández Marugán, interino

A partir del 21 de julio, el adjunto al Defensor, el exdiputado socialista Francisco Fernnadez Marugán actuará como interino hasta que tres quintos del Congreso de los Diputados (210 votos) y del Senado acuerden el próximo candidato para dirigir esta Institución.

"La labor de defensa de los derechos humanos no termina con una democracia. Nunca es perfecta, pero siempre es posible la reforma. La institución nunca podrá darse por satisfecha porque habrá nuevas circunstancias y hecho a los que atender y a los que reivindicar y exigir", ha indicado Becerril, que ha celebrado que el grado de aceptación de las recomendaciones de la Institución ha pasado del 70% en 2012 al 82% en 2016 hasta las 1.771.

Tiempo de respuesta

La Defensora también ha destacado que los tiempos medios de respuesta a las quejas de los ciudadanos han pasado de los 62 días de 2013 a los 30 de 2017; los del Defensor a la Administración, de 81 días a 43, en el mismo periodo, mientras que los de las administraciones públicas al Defensor, de 77 a 75.

"Me gustaría que los tiempos en que tardan en contestar las administraciones se redujeran mucho más porque detrás de cada queja hay un ciudadano que necesita una solución", ha insistido. También ha subrayado que la gestión ha mejorado durante estos cinco años con menos presupuesto: En 2012 fue de 14,49 millones de euros y en 2017 de 14,18, el mismo que el año anterior.

Logros

Becerril ha aprovechado esta rueda de prensa para recordar los logros de la Institución durante esta etapa, que pasan por la propuesta de la Ley de segunda oportunidad para las familias que no podían hacer frente a una deuda contraída en el pasado; las actuaciones con las entidades bancarias y códigos de buenas prácticas sobre los productos financieros engañosos, o el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y que su memoria quedara acreditada en los libros de texto.

También ha destacado el trabajo contra la trata de seres humanos, con las recomendaciones al gobierno para su persecución y la acogida de las personas explotadas; la "preocupación" por la situación de los refugiados con la visita a centros de acogida en Italia, Turquía y Jordania, o la defensa de la gratuidad de los libros de texto y los comedores escolares para que los menores de familias desfavorecidas puedan hacer uso de ellos durante las vacaciones escolares.

También ha mencionado las actuaciones por la pobreza energética, como el bono social y que se recoja en el reglamento que tiene que culminar el Gobierno las circunstancias de las personas en situación vulnerable, y las 101 visitas del Mecanismo Nacional contra la Tortura y la elaboración de la guía de buenas prácticas para evitar los malos tratos los centros de privación de libertad.