El Supremo archiva la causa por la que Cañamero se negó a declarar

El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta al diputado de Unidos-Podemos Diego Cañamero por coacción del derecho de huelga y daños, un procedimiento por el que el parlamentario se negó a ir a declarar al alto tribunal.

En un auto dado a conocer este viernes, el magistrado instructor de la causa, Andrés Martínez Arrieta, ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa, al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito.

Los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2008, concretamente, los días 24, 25, 26 y 27, durante los que Cañamero se personó en la finca sevillana de La Jarilla liderando un grupo de miembros del Sindicato de Obreros del Campo, para pedir que se contratase para las faenas agrícolas a trabajadores del sindicato en sustitución de quienes ya habían sido contratados.

Cañamero fue citado a declarar por el alto tribunal, como investigado, el pasado 9 de mayo, pero optó por no ir al considerarse "insumiso judicial" y al negarse a participar en un "teatro".

El diputado se declaró "insumiso judicial" y negó haber cometido delito alguno. Afirmó a los medios: "No voy a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración".

"La justicia y los que ejercen la justicia también responden a unos intereses muy concretos y por eso yo estoy declarado insumiso judicial", explicó Cañamero.

Ante su incomparecencia, el fiscal solicitó al Supremo que tramitase el suplicatorio para que el tribunal pudiera actuar contra él y obligarle a comparecer.

Según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, "Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga, se personaron en la finca La Jarilla".

La finca, situada en el término municipal de La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales y es propiedad de la Sociedad Anónima de Transformación nº 5800 Alia.

"Una vez en el lugar -siempre según el relato del fiscal- insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta".

Además, causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor, etcétera, todo ello para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo.

Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros, siempre según el fiscal.

Sin embargo, el instructor de la causa ha considerado que no ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito.