El Gobierno de Carles Puigdemont ha acordado enviar una solicitud formal, en formato de carta, para la apertura de negociaciones sobre los términos y las condiciones para la celebración del referéndum, que remitirá "en los próximos días" al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, la consejería de Presidencia y portavoz, Neus Munté, ha indicado que, tras la conferencia de Puigdemont en Madrid, el Govern enviará la petición formal "en los próximos días" a Rajoy y ha remarcado que esperarán "una respuesta concreta" por parte del Gobierno que esté "a la altura".

Munté ha subrayado que esta invitación a negociar se sustenta en el resultado de las últimas elecciones catalanas del 27S, en las resoluciones del Parlament, los trabajos del Pacto Nacional por el Referéndum y las movilizaciones ciudadanas.

En este contexto, el Govern, en su acuerdo, pide formalmente al Gobierno iniciar "lo antes posible una negociación" para la celebración de un referéndum acordado.

La consejera ha expresado, en este sentido, una "voluntad franca de diálogo hasta el último minuto de la prórroga" y ha insistido en que esta oferta "no caduca y es plenamente vigente", sin concretar hasta cuándo esperará el Govern antes de pasar a la vía unilateral, habida cuenta de que el Ejecutivo se niega a negociar esta cuestión.

En todo caso, Munté espera que la carta que se enviará de forma "inmediata" a la Moncloa tenga una respuesta "a la altura del civismo" de su solicitud y ha demandado al Ejecutivo central "altura de miras y sentido de Estado".

Ha deseado que la petición formal se concrete en "una mesa de diálogo y en encuentros físicos, los que sean necesarios, para abordar un referéndum", sin descartar así una reunión entre Puigdemont y Rajoy.

El texto del acuerdo que se enviará a Rajoy no entra en la concreción de los términos y condiciones del referéndum, sino que solo reclama abrir unas negociaciones para discutirlo.

En el acuerdo, el Ejecutivo catalán pone énfasis en las movilizaciones ciudadanas, las resoluciones del Parlament y la opinión de algunos juristas en el sentido de que "celebrar un referéndum es perfectamente posible" en el actual marco jurídico, y que la Constitución "no puede ser un muro para una solución política"