El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha salido este jueves en defensa del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ante "las teorías conspirativas" de las que, a su juicio, es víctima y ante las "barbaridades" que se están diciendo sobre la supuesta obstaculización a la investigación del caso Lezo.

Catalá ha sido tajante en su argumentación a favor del jefe de los fiscales anticorrupción, cuya dimisión, como la del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, han solicitado formalmente el PSOE y Ciudadanos a través de una proposición no de ley.

Para ello, ha aseverado que es "falso" que Moix haya trabado las pesquisas y haya intentado apartar al fiscal del caso Carlos Iáñez y ha criticado a quienes así lo han expuesto. "No sé si los que hablan o escriben saben lo que dicen, porque no es cierto y hacen un flaco servicio a las instituciones", ha advertido.

Moix y el fiscal de Lezo tuvieron un encontronazo antes de que se desarrollara la operación por la negativa del primero a incluir en ella el registro de Inassa. En ese momento, Iañez acudió a un precepto del Estatuto fiscal raramente usado y sometió el asunto a la junta de fiscales de Anticorrupción, que le dieron la razón de manera prácticamente unánime.

Esta semana, según han confirmado fuentes fiscales, ambos han tenido una nueva discusión en la que el jefe de Anticorrupción ha recordado a Iáñez que le dijo que iba a renunciar y le ha preguntado si esa decisión es firme.

De acuerdo con las mismas fuentes, Iáñez, que estos días se encuentra de permiso, no tiene ninguna intención de apartarse del caso. En este contexto, el ministro ha recordado que "nadie le dice a un fiscal cómo tiene que calificar una causa, como nadie le dice a un juez qué sentencia tiene que dictar" y ha dejado claro que, pese a lo ocurrido, no ceja en su empeño de reformar el proceso penal para que sean los fiscales quienes instruyan los casos.

El propio Moix ha afirmado, en una entrevista a 'El Independiente', que no se "achanta" y no piensa dimitir, al tiempo que ha rechazado que los cambios que quiere introducir en Anticorrupción, como el control personal de todas las investigaciones que se abran, sean el motivo de las fricciones.

Y, aunque de forma discreta, ha terciado en el asunto la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien no ha querido juzgar la labor de los actuales responsables, pero se ha reconocido preocupada y ha admitido que con noticias como las conocidas estos días "la ciudadanía ha perdido la confianza en los fiscales".

Además de defender a Moix, Catalá también ha desvelado que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quien -según ha relatado el ministro- lo llamó cuando se conoció que había enviado un mensaje a Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, en el que le deseaba que se cerrasen "los líos", y le dijo que "estas cosas pasan".

Y, entre tanto, el PP ha salido en defensa propia ante las críticas que ha suscitado que este miércoles reconociera haber conocido en 2014 las denuncias internas sobre la cuenta en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En una entrevista, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha sostenido que Génova "actuó correctamente", pues el partido "no es la policía" ni un juez y no había pruebas suficientes para denunciar al entonces presidente madrileño.

Ha avalado Maíllo que su antecesor, Carlos Floriano, remitiera el asunto a Esperanza Aguirre, entonces presidenta del partido en Madrid. "No somos la policía ni somos jueces para poder juzgar a nadie ni para llevar a nadie ante los tribunales cuando no existen pruebas y cuando además la persona (González) y la organización, en este caso el PP de Madrid, lo desmienten con rotundidad", ha resumido.

El asunto se puede complicar aún más si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide abrir diligencias en relación a una denuncia contra el juez Eloy Velasco que pone en duda que el magistrado sea imparcial respecto al imputado Ignacio González, quien contrató a la esposa del juez cuando presidía la Comunidad de Madrid.

Además, el Canal de Isabel II, principal fuente del dinero supuestamente saqueado por la trama del caso Lezo, ha dado a conocer que se sumará como parte perjudicada a la causa que investiga el juez.