El Pleno del Congreso ha sido el escenario de un tenso enfrentamiento entre el diputado de Podemos Pedro Arrojo y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por la gestión del agua, que según el primero debe ser pública, para evitar "tramas de corrupción".

Arrojo ha llevado a la Cámara una interpelación en la que planteaba a la ministra "qué medidas y estrategias pensaba desarrollar para acabar con las tramas de corrupción surgidas con la privatización del agua a nivel local y regional, y en las sociedades estatales Aquamed y Aquaes".

Lo ha hecho vistiendo una camiseta azul en la que podía leerse la reivindicación 'Agua Pública 100 %' que también llevaban o colgaban en sus escaños la mayoría de diputados de su grupo, a los que la presidenta de la Cámara ha pedido su retirada argumentando que el Congreso "no es un tendedero".

Arrojo, profesor experto en agua de la Universidad de Zaragoza, ha pedido el fin del "canon concesional" que reciben los ayuntamientos en el momento de adjudicar la gestión del agua a una empresa privada.

Dicho canon es, a juicio del diputado, "un crédito encubierto" en tanto que los ayuntamientos reciben un montante importante de las empresas privadas que "generalmente malgastan", y que luego se le cobra durante años a los ciudadanos de manera prorrateada en la factura del agua para devolver el dinero a las compañías.

García Tejerina le ha dicho que los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento son competencia de los ayuntamientos, por lo que la Administración General del Estado "sólo actúa invirtiendo en aquellas obras que se declaran de interés general".

Arrojo también ha arremetido contra las sociedades estatales agua, Aquamed y Aquaes, que "consiguieron oscurecer la gestión pública del agua, creando una deuda irrecuperable y tramas corrupción que han destapado los Tribunales".

La ministra le ha dicho que el Gobierno ya ha adoptado medidas en esas sociedades estatales para garantizar "un nivel de control, transparencia, objetividad, legalidad y concurrencia muy superiores a los que eran habituales antes de 2012".

García Tejerina se ha referido a la puesta en marcha de las Instrucciones de Contratación en agosto de 2012, que fijan criterios muy estrictos en esta materia, y que en el ámbito de las sociedades estatales de agua "endurecen y armonizan los procedimientos de contratación, imponiendo diversas exigencias no establecidas en la legislación".

Obras de depuración

Entre los casos concretos sobre los que han discutido el diputado y la ministra se sitúa, por ejemplo, el de los pueblos del Pirineo aragonés para cuyas obras de depuración de aguas el anterior Ejecutivo socialista transfirió 140 millones al Gobierno regional, según Arrojo.

El diputado ha dicho que el Gobierno de Aragón decidió gastar el dinero en otra cosa y hoy el Ministerio que dirige García Tejerina multa a los ayuntamientos por no depurar sus aguas.

La ministra le ha contestado que el Ejecutivo de Aragón tiene la responsabilidad de hacer esas obras, y que ya le han contactado para que las ejecute ya que para eso fue para lo que recibieron el dinero.

Al concluir el Pleno, Arrojo y García Tejerina han continuado la discusión en el escaño de la ministra.