Los últimos años han sido muy agitados para el Registro Civil. Su reforma colea desde mediados de 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una regulación que a día de hoy aún no ha entrado en vigor. El PP llegó a La Moncloa a finales de ese mismo año y lo hizo acompañado de otra idea de Registro Civil. En 2014, con Alberto Ruiz Gallardón al frente de la cartera de Justicia, se anunció que este órgano pasaría a estar gestionado por los registradores mercantiles.

Una parte importante de la esfera judicial (incluido el Colegio de Registradores) montó en cólera a raíz de este anuncio. El enfado residía en que fueron muchos los que identificaron este movimiento del ministerio con un intento de privatización del Registro Civil, en cuyos archivos se almacenan millones de datos personales (nacimientos, defunciones, filiaciones, capacidades, etc.) de todos los ciudadanos.

La oposición a este cambio normativo consiguió que en abril de 2015, a menos de tres meses de que la medida tuviera que entrar en vigor (estaba prevista para el 15 de julio de 2017), se paralizara la transferencia anunciada por Gallardón un año antes.

“[El Gobierno] no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes", dijo entonces Rafael Catalá, quien ya había tomado el revelo a Gallardón como ministro de Justicia (que había dimitido en septiembre de 2014 tras la retirada de la reforma de la ley del aborto que había impulsado). El Ejecutivo dio un nuevo plazo para la entrada en vigor de la norma: 1 de julio de 2017.

Ahora es Catalá el que sigue bregando con la reforma que comenzó su andadura hace casi seis años. Desde hace unos días está manteniendo diversas reuniones con los diferentes colectivos que forman la esfera judicial (jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etc.) para explicarles cuáles son sus ideas para esta legislatura e intercambiar opiniones con ellos. Cómo no, el Registro Civil es uno de los temas principales de estos encuentros.

Los antiguos secretarios judiciales, los elegidos

El pasado martes el ministro se reunió con los letrados de la Administración de Justicia, antes conocidos con el nombre de secretarios judiciales. Catalá les explicó que el Ministerio había decidido que fueran ellos los que se encargaran del Registro Civil a partir del próximo 1 de julio.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia se ha mostrado “satisfecho” por la decisión del Ministerio porque “va en la línea” de lo que han venido defendiendo desde hace tiempo desde la institución. De lo tratado en la reunión con Catalá y otros altos cargos del Ministerio, desde el colegio han informado que la nueva reforma girará en torno a un Registro “público, gratuito y en sede de la Administración de Justicia, con los letrados como encargados y no en servicios especiales, sino como servicio activo”. Hoy por hoy, este órgano está a cargo de jueces de Primera Instancia en ciudades y grandes municipios. Los juzgados de paz ejercen funciones de registros municipales delegados en núcleos de población más pequeños.

El Registro Civil mantendrá el despliegue territorial actual durante un tiempo, pero se desarrollarán estudios para hacer “otra distribución territorial más conforme a la prevista en la ley del 2011”, según informa el Colegio Nacional de Letrados de la Administración. Actualmente existen 431 oficinas de registro y 16 Registros Civiles exclusivos, ello atendiendo a los principios de autonomía y proximidad al ciudadano.

Algunas asociaciones, como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), ya han advertido de que esta encomienda debería ir acompañada de “un aumento de retribución inmediato” porque sería “inasumible, injusto y abusivo” que se impusiera “gratuitamente a los compañeros esta sobrecarga de trabajo”.

Además, esta asociación ha mostrado sus discrepancias con la propuesta territorial del Ministerio. “Nuestra propuesta sigue siendo un Registro Civil provincial, a cargo del Letrado de la Administración de Justicia, con oficinas registrales de refuerzo en casos de provincias muy extensas o problemas de comunicación, con un sistema telemático avanzado a través del cual los particulares puedan acceder a los certificados registrales, y los organismos públicos puedan tener también acceso cuando esos certificados le sean precisos en cualquier expediente administrativo ( y así lo haya autorizado el propio interesado)”, han dicho.

Se avecinan otros cambios en la Justicia

Otros de los temas que se trató en el encuentro celebrado el martes en sede ministerial fue la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otros cambios, plantea atribuir la instrucción de los casos al Ministerio Fiscal y poner al servicio de las fiscalías a Letrados de la Administración de Justicia en las fiscalías. Según el Ministerio, ya se está trabajando en este cambio normativo que será, “sin duda”, una de las herramientas que contribuirá a la agilización de la Justicia.

En este encuentro también se habló de la necesidad de seguir avanzando en la informatización de la Justicia española. En los últimos años ya se han implantado políticas como ‘el papel cero’, con herramientas como Lexnet. “El reto ahora”, aseguró el Ministerio, “es evolucionar hacia un sistema de gestión procesal común para toda la Administración de Justicia”.