El Consejo de Estado responsabiliza al ministerio de Defensa por el accidente del Yak-42
El caso de las presuntas ilegalidades en la contratación del avión, en el que murieron 62 militares en 2003, fue archivado.
Más de 13 años después del fatal accidente que, el 26 de mayo de 2003, costó la vida de 62 militares españoles, el Consejo de Estado ha reconocido la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, según publica este martes el periódico El País.
En el último homenaje de los familiares de las víctimas en Zaragoza el pasado mes de mayo, el presidente de la asociación que les representa, Miguel Ángel Sencianes, reconocía que todas sus esperanzas pasaban por el informe que preparaba el Consejo de Estado.
El informe del máximo órgano consultivo del Gobierno, determina que el accidente aéreo pudo haberse evitado si los responsables de Defensa se hubieran preocupado por las condiciones en las que viajaban los soldados, que regresaban de Afganistán cuando el avión se estrelló en el monte Pilav (Turquía). El ministerio pudo tener indicios del riesgo que suponían el vuelos y no actuó.
El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.
Se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.
"Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".
El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.
Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.
Causa archivada
Las presuntas ilegalidades en la contratación del Yak-42 fueron investigadas en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Marlaska, quien pese a contar con un informe favorable de la Fiscalía para abrir juicio oral decretó el archivo libre de la causa.
El dictamen conocido este martes no tendrá consecuencias económicas para los familiares de las víctimas, pero sí supone un reconocimiento moral para quienes siguen llorando a sus muertos y exigiendo reabrir el caso para esclarecer lo ocurrido.
