El expresidente de una coral en Valencia, acusado de abusar de cinco menores

Los delitos fueron cometidos presuntamente desde 1992 hasta 2016.

La Policía Nacional ha entregado al juzgado de Instrucción número 6 de Valencia cuatro nuevas denuncias por abusos a menores contra el expresidente de una escuela coral de Quart de Poblet, que ya fue denunciado por otro por hechos similares y puesto en libertad tras declarar. Según ha informado el abogado del denunciante inicial y de otro de los cuatro nuevos, Julio Merelo, la causa inicial por estos hechos fue remitida a la Audiencia Nacional, dado que los supuestos abusos se cometieron en Austria, en el transcurso de un viaje.


Las nuevas denuncias han sido remitidas a juzgados de Sevilla, Requena, Denia y de nuevo a la Audiencia Nacional, por un supuesto caso sucedido en Francia. Los denunciantes, según ha explicado este abogado, tienen actualmente entre 18 y 36 años, de modo que los tocamientos a menores por parte del denunciado supuestamente se cometieron desde 1992 hasta 2016. "Tras dar publicidad a las primeras denuncias han aparecido otros casos, y creemos que puede haber muchos más", ha señalado Merelo, quien ha indicado tener constancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha presentado una querella por la primera denuncia.


"Al parecer, el 'modus operandi' siempre era el mismo; el entonces presidente de la coral se llevaba a los niños a cantar a alguna ciudad española o al extranjero, y valiéndose de su autoridad se acostaba con ellos o les realizaba tocamientos", ha agregado.

El juzgado de Instrucción 6 de Valencia abrió el pasado verano una causa por un posible delito de abusos sexuales tras la detención y posterior puesta en libertad provisional del expresidente -presentó su renuncia en agosto- de una escuela coral situada en Quart de Poblet (Valencia), que fue denunciado por abusos sexuales a un menor en un viaje a Austria. El juzgado acordó una orden de alejamiento para el acusado, le dejó en libertad tras haberle tomado declaración y se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, por ser el órgano judicial competente al tratarse de hechos supuestamente cometidos por un español en territorio extranjero.

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