Un pacto sin firma

Bajo el peso de todas las reacciones generadas por la notoriedad del acuerdo, pero con la distancia calculada entre los dos partidos, PP y PSOE han cerrado esta semana el primer gran pacto de la legislatura. Un asunto mayor, tanto por su calado político como por sus consecuencias inmediatas, que trasciende a la noticia de la subida del salario mínimo interprofesional y que permitirá, gracias a la confirmación del dato del aumento del déficit en las comunidades autónomas, la puesta en marcha de los diferentes borradores de los presupuestos regionales. Un pacto que ancla el compromiso de los socialistas con el techo de gasto y con el diseño de los grandes números que el Gobierno debe enviar a Bruselas y que inaugura una nueva etapa de entendimiento calculado que también puede dar respuesta a asuntos tan delicados como la definición del modelo territorial o el definitivo asentamiento de ciertos derechos sociales.

Pese a que en este acuerdo queda descartado el respaldo del PSOE a los presupuestos, en estos últimos días los socialistas también se han preocupado por agitar discretamente el árbol que permitirá su aprobación en el Congreso. Así, se da casi por seguro que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, en la actualidad adscrito al Grupo Socialista, terminará por votar a favor de los números que presente Rajoy, en el mismo plano de igualdad que Ciudadanos y el PNV. Aunque la negociación con los nacionalistas vascos aún no ha pasado al escenario de la luz y los taquígrafos, la apertura de conversaciones entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Ajuria Enea invita a pensar en una nueva fase de entendimiento. Para lograr el voto positivo del PNV, el Ejecutivo tendrá que cerrar la liquidación del cupo y detallar los plazos de la ‘Y’ vasca mientras se diseña la reforma del estatuto de autonomía.

La negociación estatutaria y financiera parece ser la vía elegida por la Moncloa para atajar las actuales tensiones territoriales. Por el momento, la posibilidad de una reforma constitucional se da por descartada, no entra en los planes a corto ni medio plazo. La apuesta se centra más en una negociación política con ajustes en el actual modelo de autogobierno. El proceso abierto con el PNV de Iñigo Urkullu tiene voluntad de prueba. Si se llega a buen puerto y el resultado de la reforma tiene un encaje plenamente constitucional se cree que la experiencia podría servir como solución al callejón sin salida en el que se ha convertido el conflicto con la Generalitat y el independentismo catalán.

En cualquier caso, la primera de todas las preocupaciones de Rajoy pasa ahora mismo por destensar las relaciones políticas con el resto de partidos e incentivar un clima de diálogo. Es bajo esta máxima como deben ser comprendidas, por ejemplo, las decisiones adoptadas por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, respecto a la reválida o la expresa voluntad de negociación con las comunidades trasladada por el nuevo titular de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna.

Tanto para el PP como para el PSOE este escenario negociador representa una oportunidad política. Con este giro, los socialistas se distancian de Podemos y aportan sus propios logros en materia social –la subida del salario mínimo es una clara muestra–, mientras recuperan su imagen de gran partido con capacidad de convertirse en alternativa de gobierno. La gestora asume que la proximidad política con la formación de Pablo Iglesias sufrida en la etapa de Pedro Sánchez no les ha reportado ningún beneficio, por lo que ahora se muestran dispuestos a ocupar nuevamente el centroizquierda sin renunciar a su condición como líderes de la oposición de un Gobierno en minoría. La naturaleza de estos pactos eleva el bipartidismo al primer plano de la política nacional, dejando claro que Ciudadanos (el PP no tiene mayor problema en seguir apoyándose en Albert Rivera) y Podemos son piezas secundarias.