El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la prohibición de las corridas de toros que acordó la Generalitat catalana en 2010, al considerar que con aquella decisión invadió competencias estatales, tal y como defendía el recurso que le planteó el Grupo Popular en el Senado.

Tanto el Gobierno catalán como el Ayuntamiento de Barcelona intentarán esquivar para que no se celebren.

El TC ha resuelto, por ocho votos a favor y tres en contra, que el ejecutivo catalán fue más allá de sus atribuciones en materia de espectáculos y de protección de animales y ha decretado que puede regular los espectáculos públicos, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.

La ponente de la sentencia es la magistrada Encarnación Roca, propuesta por CiU para el TC con acuerdo del PP y del PSOE.

El PP recurrió un apartado de la Ley catalana de Protección de los Animales que prohibía las "peleas de animales y otras actividades".

La ley catalana, que surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), también prohibía "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros".

Quedaban excluidas de esa prohibición las fiestas de toros sin daño al animal.

La reacción del gobierno catalán la ha hecho pública el 'consejero' de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que ha asegurado que los toros "no volverán" a Cataluña "diga lo que diga" el TC, por lo que el Gobierno catalán desplegará "todos los mecanismos operativos y normativos" a tal fin tras analizar "a fondo" la sentencia.

El consejero ha argumentado que lo que "prevalece" es la voluntad de los catalanes expresada en el Parlament, lo que es "inalterable", así como que la prohibición partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lo que otorga en su opinión un "valor añadido".

Rull ha esgrimido que el fondo de la cuestión es si "es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal". "Cataluña dijo no y seguirá diciendo no", ha recalcado.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por todos los grupos municipales, excepto C's y PP, ha reiterado el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y ha reafirmado que Barcelona seguirá siendo la primera ciudad antitaurina de España.

"Haremos todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia", ha asegurado Colau, que ha explicado que los servicios jurídicos estudian la cuestión y que la normativa municipal que impide infringir sufrimiento a los animales está vigente.

"Victoria moral" para las entidades taurinas catalanas

Mientras que el presidente de las entidades taurinas de Cataluña, Paco March, considera la sentencia como "una victoria moral" para el toreo y que abre "un nuevo escenario de esperanza en Cataluña", la plataforma antitaurina que promovió la ILP y los grupos ecologistas han considerado que el fallo del TC es más "político" que "jurídico" y han anunciado que recurrirán a los tribunales internacionales.

March ha pedido al propietario de la Monumental de Barcelona, Pedro Balañá, que "tenga el valor de volver a abrirla al toreo", aunque la empresa propietaria de la única plaza de toros que queda en la capital catalana ha declinado pronunciarse sobre el fallo del TC.

En cuanto a las reacciones políticas, el diputado del PSC Jordi Terrades ha asegurado que los socialistas catalanes "acompañarán" al Govern en la búsqueda de "vías legales" para "impedir" que las corridas vuelvan a Cataluña.

Catalunya Sí Que Es Pot ha brindado también su apoyo al Gobierno catalán para buscar conjuntamente las vías "legales" que permitan "no acatar" la sentencia del TC, y la diputada de la CUP Mireia Boya ha afirmado que su formación está "harta de las estocadas semanales del TC" y ha llamado a la desobediencia.

En el otro bando, el presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, ha celebrado el "golpe" que supone a los independentistas la decisión del TC, pese a que ha reconocido a él no le gusta este espectáculo.

"A mí los toros no me gustan, pero, si el empresario lo considera oportuno y hay demanda, supongo que no va a tener ningún problema" para que vuelva a haber corridas en Barcelona, ha añadido.

El presidente de C's, Albert Rivera, ha defendido la necesidad de abordar la celebración de las corridas de toros, y el trato a los animales en general, mediante un debate "sereno y tranquilo" y a escala nacional, no "pueblo a pueblo" o "comunidad a comunidad".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado la que el TC haya anulado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y ha considerado que es una decisión que debe tomar el Parlament catalán, mientras que la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho que espera que se puedan celebrar corridas "lo más pronto posible" en Cataluña.

Apoderados, ganaderos y toreros han acogido con "satisfacción" y "optimismo" la decisión del Constitucional. Así, el torero catalán catalán Serafín Marín se ha congratulado de "dejar de ser un clandestino".