El juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto investiga al exalcalde de Sagunto Alfredo Castelló (PP) y a once concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas por los supuestos delito de cohecho y prevaricación en relación a una trama de amaño de contratos municipales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado, este juzgado ha coordinado una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino.

Durante toda la mañana, y en el marco de la 'Operación Flotador', agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en Les Corts y presidente del comité de Derechos y Garantías de su partido.

El Juzgado investiga a doce personas físicas (concejales y exconcejales) y seis personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público.

Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación policial de hoy, encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha.