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Polémica por el 12-O

Un juez investiga al Ayuntamiento de Badalona por un delito de desobediencia

La apertura de la causa parte de una denuncia del PP ante el juzgado de guardia.

Europa Press. Barcelona Actualizada 12/10/2016 a las 21:16
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El concejal Josep Téllez rompió la orden judicial en señal de protesta.Efe

Un juzgado de Badalona investiga si el Ayuntamiento ha cometido un delito de desobediencia después de que varios concejales hayan ido a trabajar este miércoles 12 de octubre, día festivo, pese a que un juzgado contencioso había prohibido, como medida cautelar, abrir las dependencias municipales, han explicado fuentes judiciales.

Según han informado fuentes del PP, ha sido este partido el que este mismo miércoles ha presentado la denuncia ante el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona, en funciones de guardia, después de que seis concejales del Gobierno municipal hayan acudido a trabajar y, a las puertas del Consistorio, el concejal Josep Téllez haya roto la orden judicial en señal de protesta.

Las citadas fuentes sostienen que la denuncia expone que se ha abierto el Ayuntamiento al público sin cobertura legal ni decreto y que se ha permitido la entrada en las dependencias municipales sin control de identidad.

Asimismo, consideran que desde el equipo de Gobierno se ha hecho apología de la desobediencia a la ley y un acto de insumisión a leyes y resoluciones judiciales.

Por el momento, el juzgado de instrucción ha abierto la causa tras la denuncia de los populares pero aún no ha tomado declaración a nadie en calidad de investigado, y a partir de ahora, llevará a cabo las diligencias que crea necesarias para evaluar si pudo haber existido un delito de desobediencia, según fuentes judiciales.

Esta investigación abierta tras la denuncia del PP, tramitada por vía penal, no modifica la vista que está prevista que se celebre este jueves a las 11.00 en los juzgados contenciosos de la Ciudad de la Justicia, a la que están convocados los abogados de la Delegación de Gobierno en Cataluña --que presentaron la denuncia que acarreó la suspensión como medida cautelar-- y del propio Ayuntamiento.

En el auto en el que decretó la suspensión de la apertura del Consistorio, el juzgado contencioso defendió que la fijación por Ley de un día de festividad nacional --también las autonómicas y locales-- "obedece a razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración" que podría verse perjudicado con la decisión del Ayuntamiento.

Además, sostiene que puede vulnerar la libertad de los trabajadores públicos del Ayuntamiento, ya que considera "evidente" que la decisión del Consistorio obedece a un planteamiento ideológico que, aunque sea lícito, puede resultar contrario a la libertad ideológica de los empleados.







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