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Fiscalía

Una de cada tres condenas en España es por un delito contra la seguridad vial

Un total de 57.313 condenas impuestas llevaron aparejada la prohibición de conducir y la mayoría se dictaron con conformidad del penado.

Efe. Madrid Actualizada 06/09/2016 a las 13:42
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Un 34 % de todas las condenas impuestas el pasado año fue por delitos contra la seguridad vial -83.283-, de las cuales 57.313 llevaron aparejadas la prohibición de conducir y la mayoría se dictaron con conformidad del penado.

Son algunas de las cifras que desgrana la Fiscalía General del Estado en su memoria anual correspondiente a 2015, en la que, si bien se centra en la estabilización de las cifras de siniestralidad en los últimos años, resalta el "llamativo repunte" del 11 % en el primer cuatrimestre de este año.

Respecto al pasado año, la Fiscalía observa una tendencia generalizada al descenso tanto en el número de procedimientos penales, como en los escritos de acusación y en las condenas por delitos de este tipo, lo que atribuye a la "eficacia" de la respuesta penal y de sanción administrativa, pero también a una mayor concienciación social.

Con todo, la Fiscalía asegura que la aplicación de la ley no es la única forma de reducir la siniestralidad y aboga por un estatuto jurídico del peatón y del ciclista para su convivencia "armónica" en la ciudad, por la mejora de las carreteras, de su señalización y alumbrado y por la reducción de los límites de velocidad.

Y hace hincapié también en el estado de los vehículos, cuyo envejecimiento achaca a la crisis económica y provoca la desigualdad ante la seguridad de quien no tiene recursos "para costeársela".

Al igual que en otras memorias, la de este año vuelve a insistir en la necesidad de que la educación vial sea "ahora más que nunca, sin demérito de las demás, la única estrategia segura para disminuir las tragedias, casi todas evitables, que tienen lugar en las vías públicas".

Pese a ese evidencia, en España es la estrategia "que se ha quedado atrás". La educación en las familias, en colegios y a la tercera edad son, en opinión de la Fiscalía, indispensables para afrontar un nuevo modelo de conducción.

No olvida la Fiscalía la conducción bajo la influencia de las drogas y lamenta la "muy limitada" persecución penal de este delito debido a la "carencia de garantías científicas" para determinar solo con una analítica, si un conductor se pone al volante bajo esos efectos.

También reprocha la falta de medios para atender a las víctimas de la siniestralidad vial con las previsiones del Estatuto de la Víctima, una ley que se aprobó el pasado año y que deja claro en su disposición adicional segunda que las medidas establecidas "no pueden suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos...".

"El resultado de todo ello es su situación de indefensión, en especial de las víctimas más vulnerables económicamente cuyos derechos procesales no son tutelados y que se ven abocadas a una negociación desigual con las compañías aseguradoras o a un pleito civil cuyas gastos no puedan afrontar", concluye. 







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