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Corrupción

La trama Gürtel, a juicio este otoño

Se espera que dure varios meses y se adentre en 2017.

Efe. Madrid Actualizada 26/08/2016 a las 13:21
Francisco Correa, uno de los principales acusados por el caso Gürtel.EFE

Los 39 acusados del caso Gürtel, la mayor red de corrupción vinculada al PP que ha marcado la política española reciente, se sentarán el 4 de octubre en el banquillo de la Audiencia Nacional en un juicio que se alargará varios meses y juzgará por primera vez al partido por beneficiarse de la trama.

Decenas de encausados y periodistas se darán cita a partir de ese día en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), un edificio moderno enclavado en un polígono industrial con amplias salas de vistas capaces de acoger macrojuicios.

Se espera que dure varios meses y se adentre en 2017, aunque por ahora tan solo hay fijadas 32 sesiones en octubre, noviembre y diciembre únicamente para las cuestiones previas y la declaración de los acusados.

Los 39 encausados, así como el PP como partícipe a título lucrativo, serán juzgados por la actividad de la trama en su primera época, de 1999 a 2005, por lo que este no será el único juicio en torno a la trama, sino que en un futuro habrá otro sobre la segunda época y varios más por cada una de las piezas separadas, como la caja B de Bárcenas (pendiente de fijar fecha).

Además del PP, la exministra de Sanidad Ana Mato también responderá como responsable civil a título lucrativo, en este caso por beneficiarse de los regalos que recibió de Gürtel su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción pide 328.440 euros al PP por los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, y a Mato otros 28.468 euros por lo que recibió su marido.

Los principales acusados son el cerebro de la red, Francisco Correa, que se enfrenta a 125 años de prisión, y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo (85 años y medio), pero seguramente no serán los encausados que atraigan más atención mediática.

También se sentarán en el banquillo tres extesoreros del PP: Luis Bárcenas (42 años y medio), Ángel Sanchís (8 años) y Álvaro Lapuerta (3 años), así como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y el exconsejero de Deportes del PP Alberto López Viejo (46 años).

Una vez declaren los acusados, le tocará el turno a los 300 testigos admitidos por la sala que juzgará el caso, entre ellos cuatro exministros: Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Ángel Acebes (Interior), Rodrigo Rato (Economía) y Jaime Mayor Oreja (Interior). Testificará asimismo una expresidenta autonómica: Esperanza Aguirre.

Tres hombres, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Ángel Hurtado, serán los encargados de juzgar esta trama. A su izquierda, se sentarán las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, así como los abogados de las acusaciones populares (PSOE y Adade) y de la Abogacía del Estado.

Hace ocho años, Sabadell empezó junto con Miriam Segura (que luego se ocupó de la vertiente valenciana) a investigar la trama corrupta bajo las órdenes del juez Baltasar Garzón, a quien luego relevó Pablo Ruz. Ahora se encarga de la instrucción el magistrado José de la Mata.

La presidencia del tribunal y la tarea de redactar la sentencia le corresponden a Hurtado, un juez de carácter conservador, al igual que De Diego, dos magistrados cuya ideología contrasta con la de su compañero De Prada, de tendencia progresista.

Escucharán las palabras de los acusados, testigos y peritos, que intentarán defender y rebatir las acusaciones de la Fiscalía por decenas de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, malversación, apropiación indebida y, en el caso de Bárcenas y su mujer, estafa procesal por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que desde 1994 a 2009 Correa se sirvió de un entramado societario constituido por empresas de organización de eventos y viajes, tanto para obtener contratos públicos vulnerando las normas de contratación, como para ocultar los pagos a funcionarios y sus propios gastos personales.

La red de influencias de Correa, que le permitió apropiarse de fondos públicos, se extendió a comunidades gobernados por el PP, concretamente Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de los municipios de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
 







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