La Fundación del Toro de Lidia ha lamentado "profundamente" la muerte del torero Víctor Barrio el pasado sábado en la plaza de toros de Teruel y ha anunciado actuaciones legales contra las "deplorables manifestaciones" en contra de la memoria del fallecido a causa de una cornada que se han sucedido en las redes sociales.

La fundación expresa "su más sentido pésame" a la mujer de Barrio, a sus padres, a sus familiares, a los profesionales del mundo del toro y a los aficionados, ante el "trágico suceso" acaecido en Teruel.

Además, este martes explicará en rueda de prensa las acciones que está siguiendo en contra de las deplorables manifestaciones que se están produciendo en las redes sociales en contra de su memoria.

Por ello, la fundación añade que se ha puesto a disposición de la familia del torero par tomar las medidas "oportunas" porque "no se va a permitir que estos hechos queden impunes".

En este contexto, denuncia que muchos de los 'tuits' y mensajes que circulan en las redes sociales son "verdaderos delitos de injurias" que están penados hasta un máximo de hasta 14 meses, viéndose agravados por la publicidad que de los mismos se hace con su difusión en redes sociales, así como delitos de calumnias.

Al mismo tiempo, llama a los aficionados a que ponga en conocimiento de la Fundación del Toro de Lidia a través del correo comunicacion@fundaciontorodelidia.org cualquier mensaje, tuit o manifestación ofensiva en cualquier medio de comunicación o red social con el objetivo de que los servicios jurídicos tomen las acciones judiciales oportunas.

En su opinión es "trascendental" analizar "detenidamente" cada uno de estos mensajes para distinguir, entre los verdaderos delitos, aquellos otros que sean éticamente reprobables pero que carezcan de reproche penal.

En todo caso, advierte de que es "importante" tener el tiempo preciso para ejercitar las correspondientes acciones e identificar a los posibles autores para lograr un resultado satisfactorio.

Paralelamente, la Fundación del Toro de Lidia solicitará amparo institucional, tanto al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Cultura, Justicia e Interior con el objeto de garantizar el cumplimiento de la legalidad y el respeto por el mundo del toro, sus profesionales y aficionados.